Los legisladores de Hong Kong aprobaron por unanimidad el martes una nueva ley de seguridad nacional que otorga al gobierno de la ciudad-estado más poder para sofocar la disidencia, el último paso en una amplia represión política impulsada por China tras las protestas a favor de la democracia en 2019.
La ley, prevista en el Artículo 23, tardó décadas en elaborarse, pero los manifestantes se resistieron durante mucho tiempo porque temían el efecto de la legislación sobre las libertades civiles en Hong Kong, una región administrativa especial de China que está cada vez más bajo el control de Beijing.
La legislatura aprobó el proyecto de ley durante una sesión especial. La ley ampliará la capacidad de las autoridades para procesar a ciudadanos por delitos que incluyen “colusión con fuerzas externas” para cometer actos ilegales, así como acusarlos de traición, insurrección, espionaje y divulgación de secretos de estado, entre otros.
Se suma a una ley de seguridad similar que Beijing impuso en 2020, que ya ha silenciado en gran medida las voces de la oposición en el centro financiero asiático. Los críticos temen que la nueva ley erosione aún más las libertades civiles que Beijing prometió preservar durante 50 años cuando la ex colonia británica regresó al dominio chino en 1997.
El Consejo Legislativo de Hong Kong, repleto de leales a Beijing tras una reforma electoral y sin representantes de la oposición prodemocrática, aprobó la ley de forma acelerada en tan solo 11 días, el plazo más corto en el que se ha tramitado un proyecto de ley en la ciudad. La norma entrará en vigor este sábado 23 de marzo.
“El día más oscuro para Hong Kong”
La aprobación del Artículo 23 ha suscitado este jueves la condena de Taiwán, un país que Beijing considera parte de su territorio y que desde hace años sufre las crecientes amenazas del régimen de Xi Jinping.
El gobierno de la isla calificó la nueva ley de “tragedia”, así como el fin del concepto de “un país, dos sistemas” con el que la ex colonia británica volvió a manos de China en 1997.
“La aprobación del artículo 23 (de la Ley Fundamental) en Hong Kong priva a su gente de su última esperanza de libertad y apertura. (El principio de) un país, dos sistemas es declarado muerto por la República Popular China”, manifestó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán a través de la red social X.
Taipei ve el caso hongkonés como ejemplo para rechazar cualquier tipo de reunificación con China. En junio de 2019 la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, dijo que la solución de “un país, dos sistemas” no era “viable” para la democracia taiwanesa.
El gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) de Taiwán, cuyos líderes son vistos por Beijing como “independentistas”, calificó la aprobación de la ley como “el día más oscuro para Hong Kong”.
La ratificación de la normativa supone la “destrucción de la libertad y la democracia” en la ciudad, dijo la formación, al tiempo que “pondrá en peligro a todas las organizaciones internacionales, empresas e individuos que operan” allí.
“El Partido Comunista chino (PCCh) ha ignorado la opinión pública internacional y los deseos del pueblo de Hong Kong y aprobó el artículo 23 de la Ley Fundamental, destruyendo el sistema legal y los derechos humanos que todavía quedaban en Hong Kong”, señaló el PDP en su cuenta oficial de Facebook.
“Seguiremos apoyando al valiente pueblo de Hong Kong y trabajaremos con socios que apoyan la libertad, la democracia y el Estado de derecho para apoyar a Hong Kong, luchar contra el totalitarismo y proteger la democracia”, agregó la formación política.
Por su parte, el opositor Kuomintang (KMT), considerado cercano a Beijing, dijo que la aprobación de la legislación subrayaba “el valor de la libertad y la democracia que se disfrutan en Taiwán” e instó a al régimen chino a considerar si suprimir la libertad de los individuos conduciría a una mejor gobernanza.
Críticas de la comunidad internacional.
La Unión Europea y países como Estados Unidos, Reino Unido y Japón también se han manifestado en una línea similar a la de Taiwán tras la luz verde a la ley dada el martes por el Parlamento hongkonés.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció la adopción acelerada del proyecto de ley como “un paso regresivo para la protección de los derechos humanos en Hong Kong”.
Empresarios y periodistas también han expresado temores de que una ley tan amplia afecte su trabajo diario.
Por su parte, la oficina de enlace de Beijing en Hong Kong dijo que la legislación indicaba que se había construido un fuerte “cortafuegos” para la estabilidad y prosperidad de la ciudad, permitiéndole centrarse en promover el desarrollo económico y mejorar el nivel de vida de la gente.
El escenario político de Hong Kong ha cambiado drásticamente desde las masivas protestas callejeras de 2019 que desafiaron el gobierno de China sobre el territorio semiautónomo y la imposición de la Ley de Seguridad Nacional de Beijing.
Muchos destacados activistas han sido procesados, mientras que otros buscaron refugio en el extranjero. Se cerraron medios influyentes a favor de la democracia, como Apple Daily y Stand News. La represión provocó un éxodo de jóvenes profesionales desilusionados y familias de clase media a Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Taiwán.
La miniconstitución de Hong Kong, la Ley Básica, exige que la ciudad promulgue una ley de seguridad nacional propia. Un intento anterior en 2003 desató una protesta callejera masiva que atrajo a medio millón de personas y obligó a archivar la legislación. Este tipo de protestas contra el proyecto de ley actual no estuvieron presentes en gran medida debido al efecto paralizador de la ley de seguridad vigente.
