Una investigación periodística reveló un presunto esquema de fraude emprendido por diputados mexicanos entre los años 2013 y 2018, con el que los legisladores desviaron 506,5 millones de pesos (30,6 millones dólares) contratando a empresas fantasma. Todavía se desconoce quiénes son los responsables del desfalco.
Esto es lo que se desprende de una investigación realizada por la periodista Zorayda Gallegos para el diario español El País con documentos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de México.
Estos documentos revelan que los congresistas contrataron 130 empresas que simulaban sus operaciones. Entre los servicios que supuestamente brindaban estas empresas, se encuentran desde asesorías políticas hasta la compra de equipo de oficina o enciclopedias.
Sin embargo, en los comprobantes fiscales entregados por el SAT no se identifica un nombre o qué instancia administrativa realizó las compras documentadas.
Historial de corrupción
El desvío de dinero público fue una constante durante el mandato del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-20128). Uno de los ejemplos más notables fue el del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, quien desvió casi 180 millones de dólares a través de una red de 400 empresas fantasma.
También destaca el caso conocido como la Estafa Maestra, encabezada por la entonces Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, en donde 11 dependencias federales y 8 universidades triangularon más de 380 millones de dólares.
Tanto Duarte como Robles se encuentran actualmente en prisión.
El año pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su administración presentaría denuncias penales en contra de 43 empresas conocidas como «factureras», las cuales promovían la evasión fiscal de más de 2.700 millones de dólares.
El mandatario mexicano también impulsó una reforma para endurecer las sanciones en contra de este tipo de fraudes. A finales de 2019, publicó un decreto que tipifica la defraudación fiscal y la compra o venta de facturas falsas como delitos de delincuencia organizada.
Esto significa que quien sea encontrado culpable por estos hechos, puede pasar en la cárcel de dos a nueve años, y si es un servidor público en funciones, podría ser despedido e inhabilitado de uno a 10 años .
Sin embargo, hasta el momento no existen reportes oficiales sobre la detención de personas vinculadas con estos delitos.
