El pasado sexual de Donald Trump se ha convertido en la amenaza judicial más inminente contra él, por delante de la trama rusa, en apenas dos meses. El sorpresivo registro el lunes por la mañana de las oficinas de Michael Cohen, el abogado personal de Donald Trump, tenía como objetivo encontrar pruebas relacionadas con los pagos a mujeres que aseguran haber tenido encuentros sexuales con el presidente, según fuentes anónimas citadas por The New York Times, el diario que primero informó del registro.
Los dos casos en cuestión son el de la actriz porno Stormy Daniels (cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford) y la exmodelo de Playboy Karen McDougal. Ambas afirman haber tenido relaciones sexuales con Donald Trump entre 2006 y 2007, y ambas han recibido pagos (de 130.000 dólares y 150.000 dólares, respectivamente) por su silencio.
En el caso de Daniels, firmó un acuerdo de confidencialidad con Cohen, que actuaba en nombre de Trump. En el caso de McDougal, firmó un acuerdo de exclusividad para contar su historia con The National Enquirer, una publicación propiedad de un amigo muy cercano a Trump. La publicación enterró la historia. Las dos mujeres han presentado sendas denuncias en tribunales de Los Ángeles para conseguir la nulidad de esos acuerdos de confidencialidad.
No está claro cuál es el ángulo por el que estos pagos suponen una amenaza judicial contra Cohen, y por extensión, contra el beneficiado en los dos casos, Donald Trump. Sin embargo, una decisión tan agresiva como ordenar un registro al amanecer en la oficina de un abogado (que tiene que ser autorizado por un juez) indica que hay indicios poderosos de delito. Los litigios en torno a los acuerdos de confidencialidad en sí no están en Nueva York, sino en Los Ángeles (uno en una corte federal y otro en una corte del condado).
Por un lado, estos pagos se hicieron en los meses entre la Convención Republicana de 2016, cuando Donald Trump logró la nominación a presidente, y las elecciones del 8 de noviembre. Silenciar a estas dos mujeres se puede considerar una operación para favorecer la imagen del candidato. Por tanto, se pueden considerar contribuciones a la campaña electoral. Al no estar declarado como tal, constituye un delito. Por otro lado, la fiscalía podría estar investigando el origen de ese dinero. En el caso de Stormy Daniels, Michael Cohen ha asegurado que lo pagó él, que nadie le reembolsó y que su propio cliente no sabía nada. Trump confirmó personalmente este último punto el pasado fin de semana.
La operación en el despacho y el domicilio de Cohen fue ejecutada por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, basándose en una información proporcionada por el fiscal especial para la trama rusa, Robert Mueller. En los registros, los agentes del FBI se hicieron con documentos sobre todo tipo de asuntos, aseguran las fuentes del diario neoyorquino, entre ellos correos electrónicos y documentos fiscales y mercantiles. Cualquier evidencia de delito encontrada en este registro se puede utilizar, aunque no tenga que ver con la investigación original.
El fiscal que dirigió el registro, Geoffrey Berman, fue nombrado por el actual Gobierno en enero. Según fuentes conocedoras de la investigación citadas por el Times, el actual vicefiscal general de Estados Unidos, Rod Ronsenstein, nombrado también por Trump, firmó personalmente la orden de registro. El presidente de Estados Unidos dijo el martes por la mañana en Twitter: «¡CAZA DE BRUJAS TOTAL!».
