El más alto tribunal de Guatemala avaló la medida de los fiscales de suspender el partido político del presidente electo Bernardo Arévalo por presunto fraude electoral y en el registro, una acción que el líder entrante denuncia como un “golpe de estado”.
Arévalo y las autoridades electorales habían impugnado la suspensión a finales de agosto, argumentando que las acusaciones de fraude electoral o en el registro son cargos penales y que al suspender el partido los fiscales se inmiscuían en cuestiones electorales.
La Corte de Constitucionalidad dictaminó el jueves que, aunque se trate de acusaciones penales, los fiscales pueden imponer medidas que tengan efectos electorales.
Sin su partido, el Movimiento Semilla, Arévalo puede verse perjudicado tras su toma de posesión el 14 de enero. Arévalo afirma que los fiscales, motivados políticamente, están dando un “golpe de estado” e intentan anular su victoria en las elecciones de agosto. Los fiscales afirman que algunas de las firmas utilizadas para registrar el partido de Arévalo podrían ser falsas.
La misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que las acciones de los fiscales parecían estar dirigidas a impedir que Arévalo asumiera el cargo.
Arévalo tuvo una actuación sorprendentemente fuerte en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala en junio, consiguiendo apoyo con una campaña contra la corrupción que atrajo a votantes frustrados, y ganó con casi el 61% de los votos en la segunda vuelta de agosto.
Los observadores electorales independientes han afirmado que no observaron indicios de fraude que pudieran haber afectado a los resultados en ninguna de las dos vueltas de las elecciones.
Quinto día de manifestaciones
Por otro lado, miles de personas bloquearon las carreteras de Guatemala esta semana como reacción a la incautación por parte de la fiscalía general de los recuentos de votos de las autoridades electorales. Dicha incautación formaba parte de las continuas investigaciones sobre acusaciones de fraude electoral que, según los observadores, tienen motivaciones políticas.
Grupos indígenas y campesinos paralizaron el tráfico en las principales arterias de transporte por lo que consideran una violación de la voluntad de los votantes.
Y este viernes, por quinto día consecutivo, las manifestaciones y bloqueos de carreteras en Guatemala se mantienen activas en más de 35 puntos del país, como parte de una protesta generalizada para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras.
Las autoridades de protección vial en Guatemala confirmaron, de acuerdo con el recuento este viernes por la mañana, que son 39 las carreteras bloqueadas por manifestantes, incluyendo tramos que conducen a El Salvador y México. Esta cifra de bloqueos es la más alta de la semana desde que empezaron las protestas el lunes pasado.
Además de los tapones en las carreteras, los manifestantes también se han plantado frente a las sedes del Ministerio Público en varios poblados del país, incluyendo Ciudad de Guatemala.
La convocatoria para las protestas empezó el lunes por parte de la organización indígena 48 cantones del departamento (provincia) de Totonicapán (oeste), y a la misma se han sumado otras organizaciones sociales, incluyendo universidades y algunas gremiales.
“Si quieren culpar a alguien, somos 150.000 personas”, advirtió uno de los líderes indígenas de la organización, Luis Pacheco, frente a la Fiscalía en Ciudad de Guatemala. “El liderazgo es colectivo, no individual”, añadió Pacheco en declaraciones frente a la multitud en las últimas horas.
La Fiscalía guatemalteca intervino, de forma inédita, en el proceso electoral local, con el decomiso el pasado sábado de actas de votaciones, allanamientos al Tribunal Supremo Electoral y al Movimiento Semilla, partido del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.
Pese a la presión social, que se ha acumulado en bloqueos durante los últimos cuatro días, Porras no se ha referido a su denuncia y el pasado martes la Fiscalía emitió un comunicado donde advertía que el plantón frente a su sede pretende “bloquear” su labor investigativa.
A la protesta se han sumado diversas gremiales y también universidades privadas, que suspendieron sus clases este jueves y viernes para permitir que sus estudiantes se manifiesten.
Porras y la cúpula de la entidad, independiente a los tres organismos estatales, han sido sancionados en los últimos dos años por Estados Unidos con el retiro de su visa, bajo señalamientos de “socavar” la Justicia en el país centroamericano.
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