El Gobierno de Perú decretó este lunes un toque de queda, que comenzó a regir a las dos de la madrugada local de este martes y se prolongará hasta el final de la noche, en la provincia de Lima y su vecina Callao, en respuesta al paro de transportistas que cumple una semana.
«El Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inmovibilidad ciudadana desde las 2 de la mañana hasta las 11.59 de la noche del día martes 5 de abril, para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas, lo cual no impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales», dijo el presidente Pedro Castillo en una alocución, minutos antes de la medianoche.
Asimismo, decretó el estado de emergencia en Lima y Callao, «suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito».
Protestas por el precio de los combustibles
La paralización de los transportistas responde al incremento de precios de los combustibles, ante lo cual el Ejecutivo peruano decidió exonerar a las gasolinas y diésel del impuesto selectivo al consumo hasta junio próximo.
El jefe de Estado justificó las medidas debido a los «hechos de violencia que algunos grupos han querido crear» con el bloqueo del libre tránsito en los accesos a las provincias de Lima y Callao, lo que ha creado «inseguridad y zozobra».
Derecho constitucional, pero «dentro de la ley»
En ese sentido, Castillo hizo «un llamado a la calma, a la serenidad» y aclaró que la protesta social es un derecho constitucional, pero que debe hacerse «dentro del marco de la ley, respetando la integridad de las personas , así como la propiedad pública y privada».
«Es en las circunstancias difíciles donde se necesita ver el rol activo del Estado, haremos todo lo que corresponde, haremos todo lo posible (y) que esté a nuestro alcance para dar y ayudar a nuestra población», expresó el mandatario.
Derecho constitucional, pero «dentro de la ley»
En ese sentido, Castillo hizo «un llamado a la calma, a la serenidad» y aclaró que la protesta social es un derecho constitucional, pero que debe hacerse «dentro del marco de la ley, respetando la integridad de las personas , así como la propiedad pública y privada».
«Es en las circunstancias difíciles donde se necesita ver el rol activo del Estado, haremos todo lo que corresponde, haremos todo lo posible (y) que esté a nuestro alcance para dar y ayudar a nuestra población», expresó el mandatario.
Muertes, detenciones, incendios, saqueos, cortes de transporte
Durante la protesta de los transportistas, y a la cual se han sumado otros gremios de trabajadores, han fallecido cuatro personas, por circunstancias derivadas de los bloqueos. Una veintena de personas han sido detenidas por los disturbios provocados en once regiones del país que han presentado cortes del transporte terrestre.
En la sureña Ica, los manifestantes quemaron este lunes cinco puestos de peaje, mientras que en la ciudad norteña de Trujillo hubo saqueos puntuales en supermercados y comercios, unos hechos que replicaron a los desórdenes del fin de semana en la ciudad andina de Huancayo.
La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, había invitado al mandatario y varios ministros el martes al Congreso, para analizar las medidas que tenía en marcha para solucionar las protestas de los transportistas, a lo cual el Ejecutivo respondió con otra invitación a la mesa directiva del Parlamento unas horas antes.
