Luego de que el Congreso lo acusara de desacato, un gran jurado federal decidió seguir adelante e imputó al ultraderechista Steve Bannon, luego de que se negara a cooperar con el comité selecto de la Cámara de Representantes en la investigación por el asalto al Capitolio del 6 de enero. El exasesor de Donald Trump enfrenta una fuerte presión para que brinde testimonio y entregue documentos potencialmente relevantes para la causa.
Durante este 2021, al ultraderechista Steve Bannon lo ha perseguido el asalto contra el Capitolio del pasado 6 de enero, calificado por el presidente estadounidense Joe Biden de insurrección que «roza la sedición».
Sin embargo, tras la condena de desacato en octubre por parte del Congreso, ahora le ha llegado la imputación penal de un gran jurado federal que debía decidir si continuar contra Bannon por su rechazo a asistir a una citación del comité que investiga el ataque y por no querer cooperar con la entrega de documentos.
Los detalles sobre los dos cargos por desacato los informó en un comunicado el Departamento de Justicia, en la línea de la Cámara de Representantes que explicó que su negativa a dar un testimonio o entregar otros datos se basaba en su relación con el exmandatario Donald Trump y la insistencia de estar en su derecho de mantener bajo confidencialidad el material requerido, debido a un «privilegio ejecutivo».
Esta excusa de no comparecencia fue rechazada por un juez, así como la demanda de Trump que intentaba evitar que ciertos informes sobre el asalto vieran la luz, en cuyo fallo se quiso amparar Bannon para retrasar su declaración. Algo que tampoco le fue aceptado, y que además prosiguió con el rechazo judicial y posterior apelación de Trump contra la idea de que los archivos son de interés público primordial.
No obstante, la realidad es que un caso contra el exasesor de 67 años podría tardar en resolverse. Además, se trata de un delito menor penado con hasta un año de cárcel y una multa máxima de 100.000 dólares que, según la cadena CNN, históricamente se ha visto desvirtuado por apelaciones y jurados amigos-compasivos.
¿De qué serviría entonces esta imputación? De persuasión
El comité legislativo es de la opinión de que Bannon contaría con información relevante para el caso. Y, de hecho, la prueba de que hará todo por revelarla son las presiones políticas que hasta hoy ha sufrido el fiscal general Merrick Garland para acusarlo por vía judicial, a pesar de que este haya subrayado su compromiso con el pueblo estadounidense para mostrar «tanto en palabra como hechos, que el Departamento se adhiere al cumplimiento de la ley, sigue los hechos y la legislación, y busca una justicia igualitaria».
En la misma línea, por más que Donald Trump pidió a sus socios no ceder –también oponerse a la creación del comité–, los cargos contra su exasesor propiciarían la colaboración de personas como su ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, que horas antes de la noticia también se negó a acudir a hablar, arriesgándose a otro desacato al Congreso.
En este sentido, un portavoz de Justicia, Bill Miller, adelantó que «se espera que (Bannon) se entregue» en Washington este lunes 15 de noviembre y que comparezca ante el tribunal la misma tarde.
«La acusación contra Bannon debería enviar un mensaje claro a cualquiera que crea que puede ignorar al Comité Selecto o tratar de obstaculizar nuestra investigación: nadie está por encima de la ley», declararon el demócrata Bennie Thompson y la republicana Liz Cheney, líderes de dicha comisión especial.
Esta es la segunda vez en 15 meses que Steve Bannon se enfrenta a cargos criminales, desde la acusación de haber defraudado a donantes para la construcción del famoso muro de Trump con México (‘We Build the Wall’) hasta el arresto a bordo de un yate perteneciente a un multimillonario de China fugitivo.
El director de orquesta de la campaña presidencial de 2016, del populismo republicano de ‘Estados Unidos primero’ y estratega jefe de la Casa Blanca, se vio indultado entonces por Trump a pocas horas de su salida.
Pero el tablero ahora es distinto, con una Cámara liderada por demócratas que votaron a favor de imponerle desacato y un Departamento de Justicia que ha resuelto proseguir con los cargos.
Especialmente cuando el ahora impulsor de candidatos de derecha y ultraderecha en el mundo sugirió en algunas declaraciones que sabía de antemano los «eventos extremos» que iban a ocurrir ese día 6. El mismo 5 de enero, una jornada antes, llegó a afirmar que «todo el infierno se desatará mañana».
De acuerdo con la agencia Reuters, el último juicio por desacato que terminó a favor del Congreso ocurrió en 1974, cuando un juez sentenció a G. Gordon Liddy, conspirador del caso ‘Watergate’ que llevó a la dimisión del entonces presidente Richard Nixon.
El abrazo de dos MALACATES Y CORRUPTOS. PAR DE PINTAS.