Los guatemaltecos van a las urnas el domingo para elegir al próximo presidente y vicepresidente de la nación. También se elegirán diputados y otros cargos públicos. La ley electoral contempla primera y segunda vuelta en los comicios. Para ganar el domingo, los binomios presidenciales tienen que ganar la contienda por mayoría absoluta, que representa el 50 % más uno de los votos totales.
Si fuera necesaria una segunda vuelta, estaría fijada para el 20 de agosto de 2023.
En los últimos meses no ha parado la polémica en torno a la imposibilidad de algunos candidatos de seguir en la contienda por descalificación. Entre ellos están: la líder indígena Thelma Cabrera y el exprocurador de Derechos Humanos Jordán Rodas. También fue descalificado Carlos Pineda, que iba delante en las encuestas.
En ese contexto, organismos admiten que hay desconfianza en la democracia en torno a las elecciones.
La fórmula presidencial que gane comenzará su mandato en enero de 2024. Asisten a estas elecciones una delegación de 44 observadores de la Unión Europea. La meta del grupo es observar cómo se desarrollan las elecciones en los centros de votación en todo el país. El informe de la misión se presentará el martes próximo.
El jefe de la misión europea, Jordi Cañas, dijo a un medio local guatemalteco: “No somos jueces; no somos una policía. Tenemos una actitud absolutamente respetuosa con la soberanía del país y solo observamos procesos a los que se nos invita”.
Para poder votar en Guatemala es preciso tener la mayoría de edad (18 años). El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala habilitó un sitio web para solicitar el empadronamiento de los ciudadanos para votar.
Aquí los principales candidatos:
Zury Ríos Sosa
Es la hija del fallecido exdictador José Efraín Ríos Montt y ahora aspira a ser presidenta de Guatemala.
Conocida en los círculos militares allegados a su padre como “la Nena”, se postula por primera vez en las elecciones del domingo con una propuesta de mano dura que emula a la política del presidente salvadoreño Nayib Bukele y del exmandatario colombiano de derecha Álvaro Uribe (2002-2010).
Ríos Sosa quiere replicar las estrategias de seguridad usadas por Bukele en el combate a las pandillas, así como la construcción de cárceles. La candidata asegura que también quiere copiar la estrategia de lucha contra el narcotráfico del expresidente colombiano a las que considera exitosas.
Aunque su candidatura fue rechazada en dos ocasiones por la Corte de Constitucionalidad por ser descendiente directa del exdictador -condenado en 2013 a 80 años de prisión por el genocidio de 1.771 indígenas ixiles durante la guerra civil, sentencia que fue revertida 10 días después-, esta vez no ha encontrado impedimentos para postularse por la coalición ultraderechista Valor-Unionista.
Ríos Sosa, de 55 años, fue diputada al Congreso de la República cuatro veces y se presenta por un partido que ha buscado apoyo en los sectores más conservadores a nivel nacional e internacional y ha sido el mayor aliado del oficialismo durante las presidencias de Jimmy Morales (2016-2020) y de Alejandro Giammattei (2020-2024) en cuanto a la aprobación de leyes que reducen derechos.
Conocida por haberse casado en cinco ocasiones, Ríos Sosa ha sido cuestionada precisamente por la radicalización de su movimiento político sobre los valores familiares.
Los diputados de su partido, en conjunto con el oficialismo, impulsaron en 2022 la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, una norma que intentaba endurecer las penas de prisión por los abortos y prohibía el matrimonio igualitario, entre otras restricciones. Ante las protestas sociales contra dicha norma, el Congreso tuvo que dar marcha atrás y la ley fue archivada sin entrar en vigencia.
Ríos Sosa se postula junto a Héctor Cifuentes, un político de derecha que estuvo procesado por el delito de financiamiento electoral ilícito y que se libró de la acusación meses antes de inscribirse como candidato al cargo gracias a un fallo constitucional.
Su fuerza política ha apoyado, además, la aplicación de estados de sitios en Guatemala que restringen derechos constitucionales, así como la aprobación de préstamos y el incremento de la deuda pública nacional.
Ríos Sosa es abogada con un máster en Desarrollo Legislativo. Es una férrea defensora de los militares acusados de crímenes de lesa humanidad, ha negado que en el país haya habido un genocidio y ha sostenido firmemente que su padre no fue responsable de ningún episodio de este tipo. Incluso inició su campaña electoral en la región ixil, una zona muy golpeada durante la guerra civil de 1960 a 1996.
El listado de candidatos a diputados de su coalición está encabezado por el exministro de Seguridad y Relaciones Exteriores de Morales, Enrique Degenhart, recordado por firmar un acuerdo con el gobierno de Donald Trump para que Guatemala fuera “tercer país seguro” en la recepción de migrantes de otras naciones que buscaban llegar al norte.
También está en la lista la exministra de Relaciones Exteriores Sandra Jovel, impulsora de que saliera del país la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que durante 12 años investigó la corrupción en el país.
Sandra Torres
Este es el tercer intento de la ex primera dama guatemalteca por gobernar Guatemala. Saltó a la palestra pública en 2008 de la mano de su entonces esposo y presidente guatemalteco Álvaro Colom. Durante el mandato de Colom, fallecido en 2023, fue duramente criticada por involucrarse en el gobierno y señalada de interferir en las decisiones presidenciales. Para las elecciones del domingo, su tercer intento por llegar a la presidencia, es una de las tres favoritas.
La ex primera dama espera convencer a los guatemaltecos con el slogan “Bienvenidos a la era del orden y la transformación”. La política derechista de 67 años, empresaria y con una maestría en políticas públicas, es la candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), por el que llegó a la presidencia su exesposo (2008-2012) y del cual es fundadora.
Torres se divorció en 2011 de Colom e inmediatamente inició su carrera política. Se candidateó a la presidencia por primera vez en 2015, pero perdió la contienda ante el comediante Jimmy Morales. Lo volvió a intentar en 2019, en los comicios que le dieron la victoria a Alejandro Giammattei.
En su favor, exfuncionarios y cercanos aseguran que Torres es una política eficiente y que, durante su etapa como primera dama, administró programas de apoyo a familias pobres. Esas propuestas son ahora la punta de lanza de su campaña, que incluye la entrega de bolsas solidarias de víveres a grupos vulnerables y la reducción de impuestos a la canasta básica.
Torres va acompañada de Romeo Guerra, un pastor evangélico que renunció a su cargo pocos días antes de anunciar su postulación para vicepresidente. Pese a que la constitución de Guatemala prohíbe las candidaturas de ministros de cualquier religión o culto, Guerra fue refrendado tanto por el ente rector electoral como por la Corte de Constitucionalidad.
La ex primera dama fue procesada y enviada a prisión durante cuatro meses en 2019 por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no reportado, aunque pasó la mayor parte del tiempo de reclusión en un hospital.
La Fiscalía investigaba el financiamiento de su partido, pero Torres se libró de ser juzgada. Un fallo de la Corte de Constitucionalidad sostuvo que no podía ser procesada por el delito de financiamiento electoral no registrado gracias a una reforma penal aprobada previamente con el apoyo de su partido.
Los diputados del movimiento político de Torres impulsaron junto al oficialismo leyes como la reforma del Código Penal de 2018 -durante la presidencia de Morales (2016-2020)- que benefició a los secretarios generales de los partidos políticos al quitarles responsabilidades directas por los aportes lícitos o ilícitos que llegaran sus campañas electorales.
Su partido también se ha aliado a Giammattei para aprobar y reformar normas que reducen los derechos de la ciudadanía como la Ley para la Protección a la Vida y la Familia, que endurecía penas contra el aborto y prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo.
La Fiscalía investigaba el financiamiento de su partido, pero Torres se libró de ser juzgada. Un fallo de la Corte de Constitucionalidad sostuvo que no podía ser procesada por el delito de financiamiento electoral no registrado gracias a una reforma penal aprobada previamente con el apoyo de su partido.
Los diputados del movimiento político de Torres impulsaron junto al oficialismo leyes como la reforma del Código Penal de 2018 -durante la presidencia de Morales (2016-2020)- que benefició a los secretarios generales de los partidos políticos al quitarles responsabilidades directas por los aportes lícitos o ilícitos que llegaran sus campañas electorales.
Su partido también se ha aliado a Giammattei para aprobar y reformar normas que reducen los derechos de la ciudadanía como la Ley para la Protección a la Vida y la Familia, que endurecía penas contra el aborto y prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Edmond Mulet
Es un diplomático de la ONU con aspiraciones presidenciales en Guatemala. Esta es la segunda vez que Edmond Mulet Lesieur intenta llegar a la presidencia de Guatemala. La primera en 2019, de la mano del Partido Humanista que había fundado, fue un fracaso.
Un año después, tras acusaciones de corrupción, dio por finalizada su vinculación con esa fuerza y ahora se presenta con el partido Cabal de centroderecha, creado hace menos de tres años.
Mulet, abogado y exdiplomático de las Naciones Unidas -donde ocupó el puesto de subsecretario encargado de las Operaciones de Paz- ha prometido durante la campaña “hagamos lo correcto” para combatir la corrupción y la impunidad.
Fue uno de los pocos políticos que se pronunció cuando la fiscalía inició una investigación al reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora, condenado recientemente a seis años en prisión por lavado de dinero luego de un cuestionado juicio. Su opinión le valió que el fiscal Rafael Curruchiche intentara, sin lograrlo, que le retiraran la inmunidad por ser candidato presidencial para poder investigarlo.
De llegar a la presidencia Mulet ha prometido públicamente que terminará con el mandato de la actual fiscal general Consuelo Porras, una poderosa funcionaria señalada por el gobierno estadounidense de obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia de Guatemala.
Mulet, de 72 años, se considera una víctima del terrorismo de Estado debido a las denuncias en su contra, las que considera un hostigamiento por su defensa del Estado de Derecho. En los últimos años las redes sociales se han inundado de acusaciones en su contra como, por ejemplo, que cuando ejercía la abogacía habría participado en adopciones irregulares de niños, lo que él ha negado.
Sostiene que es necesario recuperar la confianza de la población en las instituciones del Estado que, según ha dicho, han sido cooptadas por un “pacto de corruptos” y lleva como candidato a vicepresidente a Max Santacruz, excolumnista y empresario.
También lo acompaña su principal asesor Julio Héctor Estrada, político, empresario y exministro de Finanzas del expresidente Jimmy Morales (2016-2020).
El candidato promete control territorial en algunas zonas con policías y militares, cadena perpetua para los pandilleros y la reducción del precio de la energía eléctrica. Se identifica en su currículum como periodista, aunque sólo ejerció el oficio en su juventud.
Fue presidente del Congreso y en una de sus últimas apariciones llegó hasta el Legislativo con más de las 5.000 firmas requeridas por ley para presentar una iniciativa para quitar a Guatemala del Parlamento Centroamericano y reducir la cantidad de diputados nacionales.
