Un referendo envuelto en polémica. México celebra este domingo una consulta popular en todo el país impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para determinar si las autoridades investigan a cinco exmandatarios del país por casos de corrupción. “La gente quiere democracia participativa, no solo democracia representativa”, dijo la semana pasada el mandatario líder de Morena para justificar el referendo, que ha costado unos 25 millones de pesos mexicanos (cerca de 1,2 millones de dólares).
A las dos de la tarde del domingo, el 99,8% de las mesas electorales estaban abiertas, según el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin largas filas y con poca afluencia, la participación está siendo relativamente baja, en relación con los últimos comicios de medio mandato –el pasado 6 de junio– que tuvieron movilizaron al 53% de los votantes registrados.
Se necesitan unos 37,5 millones de votantes para que el resultado sea vinculante
Para que la consulta sea vinculante, se necesita que el 40% de los electores registrados participen, unos 37,5 millones de mexicanos de los 93 millones llamados a las urnas. Los colegios electorales estarán abiertos hasta las 18:00 hora local y se espera una estimación de los resultados y una proyección de participación a partir de las 21:00 de la noche.
“No pienso votar, porque yo la verdad no creo que independientemente del resultado de esta votación, no creo el alcance que pueda tener, ejemplo en caso de que la mayoría de la ciudadanía votará porque sí hubiera un juicio a los expresidentes se va a quedar en eso, en papel», expresó a AFP, Sergio Macillas, cerca de un puesto de votación donde los votantes llegan a cuentagotas.
Una pregunta ambigua
La ambigüedad de la pregunta de la papeleta –con respuesta de “Sí” o “No”– pide a los votantes que rechacen o respalden «un proceso de investigación de las decisiones políticas» tomadas en años anteriores por los expresidentes, con el objetivo de “garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.
«He votado ‘Sí’. Estoy de acuerdo en que sean juzgados. Lamentablemente la mayoría de los magistrados y jueces son corruptos, por lo que sería difícil que fueran a la cárcel. Al menos ellos saben que la opinión pública los rechaza completamente», declaraba a la agencia Reuters un votante.
Muchos mexicanos están de acuerdo con la premisa y critican que la pregunta es demasiado obvia. “¿Está de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?», reza el enunciado.
“No solo requiere una pausa para tomar un respiro para terminar de leerlo, requiere releerlo dos o tres veces para entender lo que dice”, opinó la columnista Maite Azuela en el diario ‘El Universal’.
Algunos cuestionan también la forma en la que está redactado el interrogante. De hecho, la Corte Suprema reformuló la pregunta “para proteger el proceso y la presunción de inocencia”, puesto que en la original aparecían los nombres de los expresidentes que proponen enjuiciar por corrupción, fraudes electorales o la guerra contra el narcotráfico: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
México no tiene amnistía formal para los exgobernantes por lo que, según la normativa mexicana, pueden ser llevados ante la justicia si existen pruebas de que han cometido un delito.
A pesar de esto, algunos insisten en que el referendo es una buena fórmula. «Este país ha sido víctima de malos Gobiernos, de una corrupción fuera de control. Creo que es importante que el pueblo salga, que se exprese y que estas personas sean juzgadas”, dijo a Reuters un elector a favor del “Sí”.
Lucha contra la corrupción
La corrupción e impunidad institucional es una de las mayores lacras de México. Desde el inicio de su mandato, López Obrador prometió erradicar esta problemática histórica que ha generado pobreza e inseguridad en el país, sin tener mucho éxito hasta el momento. Por ello, muchos analistas creen que este referendo con tintes ideológicos es una maniobra del mandatario de demostrar sus promesas y acallar a los críticos.
Según AMLO, acrónimo con el que es conocido el dirigente, las administraciones predecesoras han sido “profundamente corruptas”, enarbolando la bandera contra la impunidad y la lucha contra los sobornos como principal propuesta de Gobierno. “La corrupción generaliza, la violación masiva de los derechos humanos, la impunidad como norma y la ruptura del estado de derecho en extensas áreas del país” han caracterizado a administraciones anteriores, según el izquierdista.
Si bien muchos cuestionan las gobernanzas de las administraciones anteriores, el referendo no ha generado tanta acogida entre los mexicanos como AMLO y su partido esperaban, con un respaldo mínimo que se anticipa no logré la mayoría requerida. Pese a ser el principal promotor del plebiscito y llamar a la participación ciudadana, López Obrador ha dicho varias veces que su «fuerte no es la venganza», por lo que no acudirá a las urnas este domingo.
El reto de la participación
Los votantes afines al izquierdista elogian el esfuerzo por impulsar la participación ciudadana y ven en la pregunta del plebiscito una puerta hacia la justicia. «Es como una esperanza se puede decir, para un proceso mejor, para un bienestar para que se haga justicia, de tal manera de todas las impugnaciones que hicieron estos señores y de igual manera sé que saliendo el presidente actual él va a hacer enjuiciado”, dijo a AFP Monserrat Rosas Sánchez, funcionaria pública en la capital, Ciudad de México.
Pero muchos se muestran escépticos sobre qué acciones reales se vayan a tomar si el resultado es positivo, puesto que el Gobierno mexicano no ha adelantado cuáles serán los siguientes pasos. «Es una forma de expresar mi enojo contra los presidentes que saquearon el país, pero dudo que realmente sean procesados», dijo a AP José Cortés antes de emitir su voto en el estado de Tlaxcala.
Según han apuntado los analistas, este referendo y la anticipación de una baja participación, servirá también para demostrar la popularidad del mandatario, cumplidos los tres primeros años de su Ejecutivo, en un momento de crisis económica en el país agravada por la gestión de la pandemia de Covid-19, que pasa ahora por su tercer pico de contagios. Pero también una crisis de seguridad, con récord de asesinatos en lo que va de mandato.
Críticas desde el mundo académico y las organizaciones sociales
El analista político del Centro de Investigación y Capacitación Económicas de México, José Antonio Crespo, señaló a AP que el referéndum es «estrictamente un ejercicio de política y exposición a los medios». Según él, la pregunta no es la redactada en el papel, sino que “la pregunta real es, ¿cuántas personas saldrán a votar? Muchos de nosotros no queremos que nos utilicen en una manipulación. Será un indicador de cuánta gente sigue apoyando a López Obrador, de cuánta capacidad tiene para movilizar a la gente”.
En la misma línea opinó al respecto el politólogo de la universidad UNAM Khemvirg Puente en declaraciones a EFE: «Me parece un sinsentido preguntar si los delitos deben de castigarse. Se pregunta un absurdo porque lo que se busca no es impartir justicia sino construir una agenda mediática».
Desde la oposición, han pedido a sus partidarios quedarse en casa y no participar en el plebiscito: “no nos dejemos llevar por esta farsa”, escribió en Twitter el expresidente y crítico de López obrador, Vicente Fox. Otros lanzaron eslóganes como: “la ley debe aplicarse, no someterse a votación”.
Más allá de la oposición política, el planteamiento fue criticado también por académicos y organizaciones civiles que consideran que la justicia debe aplicarse sin someterse a consulta. Algunas organizaciones de derechos humanos opinan que dejar la investigación de ese tipo de delitos a un referendo es incompatible con el derecho constitucional e internacional, ya que “la justicia para las víctimas no puede ser cancelado por el voto popular”, expresaron desde WOLA.
El caso salvadoreno es diferente, aqui el 97% al 99% de la poblacion demanda que manden a Mariona a los ultimos seis gobiernos corruptos que han administrado el pais. Un referendo en El Salvador, para condenar a los corruptos fuera un exito.
Lo que si esta escrito en piedra es la corrupción es el hijo bastardo de la honestidad.
Lastima que el pueblo mexicano demuestra que estuvo a gusto con que le hayan robado por decadas. No en balde se dice «los pueblos tienen los gobiernos que merecen».