El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, principal crítico del Gobierno que preside Alejandro Giammattei, fue condenado este miércoles a seis años de prisión por un supuesto caso de lavado de dinero, en un proceso señalado de estar plagado de irregularidades.
Zamora Marroquín recibió una condena de seis años por lavado de dinero, mientras que fue absuelto de los delitos de chantaje y tráfico de influencias, por parte del Tribunal Octavo de Sentencia del Organismo Judicial guatemalteco, presidido por la jueza Oly González.
El tribunal argumentó su fallo indicando que, según testimonios vertidos durante el debate, el periodista, simuló una «transacción comercial» para darle una «apariencia lícita» a un monto de 300.000 quetzales (38.000 dólares), cuyo origen «no fue determinado».
Zamora señaló, durante las últimas declaraciones ante el Tribunal, que en su carrera como periodista nunca fue demandado por chantaje ni lavado de dinero y pidió a los integrantes que le otorgaran su absolución y se ordenara su libertad.
“Concretamente le pido al Tribunal, primero, que emita una sentencia absolutoria y se ordene mi libertad”, expresó.
Además, aseguró que el Ministerio Público no pudo comprobar el delito de lavado de dinero, por lo que la acusación debió haber quedado fuera del análisis y conclusión de las autoridades judiciales.
Luego de las argumentaciones por los primeros delitos, el juez Otto Valvert argumentó que la defensa de Zamora no pudo comprobar la procedencia lícita de Q300 mil por los que el Ministerio Público le señalaba de lavado de dinero.
Añadió que se intentó ocultar el origen del dinero por medio de procedimientos que aparentaban ser legales, como la bancarización del dinero.
Sin embargo, aseguró que la defensa de Zamora no pudo comprobar que el origen del dinero fue por la venta de una obra de arte, ni por medio de testigos ni otros documentos.
Finalizó con la emisión de la sentencia, al haber sido hallado culpable por lavado de dinero, cuya condena fue establecida en seis años de prisión inconmutables y el pago de una multa igual al dinero defraudado al Estado.
