Aníbal Torres envió un oficio a la fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, para invocarle que «tome las acciones necesarias» para que el Ministerio Publico disponga la incineración de los restos Guzmán. El ministro recurrió a la Ley General de Salud y la Ley General de Cementerios para indicar que «desde una lectura sistemática de estas normas se puede verificar que los cadáveres no reclamados, por no entregados, dentro de los plazos legales, quedan bajo la custodia del Ministerio Público».
Añadió que esta institución autónoma tiene «la potestad de donarlos con fines de investigación o no disponer dicha donación», por lo que «puede solicitar a un cementerio público la cremación del cadáver».
Torres también advirtió que ordenar la sepultura del fundador de Sendero Luminoso «podría conllevar a afectaciones al orden público y la seguridad» de la sociedad peruana, ya que «no se puede negar que para este sanguinario grupo terrorista los restos de este delincuente es un símbolo de su insania y buscaran enaltecerlo y homenajearlo».
Castilla «respetará” la decisión de la Fiscalía
«Es importante ponderar la adopción de medidas que, dentro del marco normativo vigente, protejan derechos fundamentales de las personas y los principios establecidos en nuestro ordenamiento constitucional», remarcó.
El ministro de Justicia formalizó, con este oficio, una opinión que ya había adelantado durante este fin de semana a medios locales, luego de que el Gobierno peruano señalara que el destino del cuerpo de Guzmán debía ser decidido por la Fiscalía. En ese sentido, la Presidencia peruana indicó que el gobierno del presidente Pedro Castillo respeta «la ley y la independencia de poderes» y no le «corresponde decidir sobre la disposición final del cuerpo del terrorista Abimael Guzmán, pues es competencia del Ministerio Público».
La Fiscalía precisó, por su parte, que la Ley general de salud y el Código procesal penal establecen que «los restos deberán ser entregados a los familiares directos debidamente acreditados».
Mujer reclama el cadáver, «por encargo de la viuda»
Este domingo, una ciudadana identificada como Iris Quiñonez pidió a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao la entrega del cuerpo de Guzmán expresando tener un poder otorgado por su esposa, Elena Iparraguirre, considerada la número 2 de Sendero y también condenada a cadena perpetua por terrorismo.
Posteriormente, un juzgado peruano rechazó un hábeas corpus presentado por Iparraguirre, mientras que la autoridad penitenciaria ordenó su traslado a un penal de máxima seguridad de Lima por haber hecho llamadas telefónicas no autorizadas desde su prisión para «ensalzar» la figura de Guzmán.
Por su parte, el Ministerio de Justicia advirtió que cualquier homenaje a favor de líderes terroristas como Guzmán será considerado como el delito de apología del terrorismo, castigado con hasta 15 años de cárcel.
Los restos de Guzmán, responsable como líder de Sendero Luminoso de decenas de miles de muertos entre 1980 y 2000 en Perú, permanecen en la morgue del Callao a la espera de que el Ministerio Público decida si finalmente los entrega a un familiar o asume otra alternativa como la incineración.
