México no se convertirá en un tercer país seguro ante la posible ola de migrantes deportados de Estados Unidos, una vez que Donald Trump tome posesión como presidente, el 20 de enero de 2025, dijo este jueves la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
En distintas ocasiones, el Gobierno mexicano ha dicho que se hará cargo de los connacionales que sean repatriados, pero no de los migrantes de otras nacionalidades, pues deberán primero realizar el proceso de asilo y esperar a que se resuelva la solicitud.
El pasado 3 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su Gobierno se estaba preparando para recibir a miles de mexicanos que viven en Estados Unidos en caso de que Trump concrete su intención de realizar deportaciones masivas.
Este jueves, en reunión de trabajo con los integrantes de distintos partidos de la Comisión de Gobernación del Senado mexicano, Rodríguez remarcó que el Gobierno mexicano ya cuenta con una estrategia de recepción ante la inminente repatriación de mexicanos en Estados Unidos.
«Ante la inminente repatriación de mexicanos que hoy viven, trabajan, estudian y que están con su familia o con amigos en Estados Unidos, el Gobierno de México cuenta con una estrategia de recepción de connacionales para garantizar sus derechos humanos, brindarles apoyo y opciones de desarrollo a su llegada”, aseguró Rodríguez.
«Los mexicanos en el exterior no están solos»
La funcionaria, quien trabajó en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, agregó el Gobierno mexicano «hará todo lo posible y más por mantener siempre un diálogo con las autoridades de Estados Unidos», como se ha hecho en anteriores administraciones, y especialmente en la administración de Trump.
«Les dijimos a los senadores que los mexicanos en el exterior no están solos, donde quiera que se encuentren, cuentan con el respaldo y la protección del Gobierno de México”, apuntó.
El pasado 26 de noviembre, Tom Homan, considerado el ‘zar de la frontera’ del próximo presidente estadounidense, aseguró que ya planean las deportaciones masivas para que empiecen el 20 de enero.
Organizaciones en defensa de los derechos humanos y activistas en EE.UU. han rechazado los planes de deportación masiva de Trump, al advertir de repercusiones humanitarias y un impacto negativo en la economía del país norteamericano.
Una acción de esta magnitud podría provocar una caída del producto interior bruto (PIB) anual de entre el 4,2 % y el 6,8 %, lo que equivale a pérdidas de entre 1,1 y 1,7 billones de dólares anuales, según un informe de la organización American Immigration Coalition.
