El movimiento magisterial que lidera las mayores protestas sociales de los últimos años por el alto costo de la vida en Panamá anuló el lunes un acuerdo suscrito con el gobierno para poner fin a una huelga de más de dos semanas y buscar una salida a las movilizaciones callejeras que han causado desabastecimiento en el país centroamericano.
El acuerdo había establecido la reapertura de los tramos obstruidos en la carretera Panamericana que conecta con Centroamérica, así como un precio fijo para la gasolina.
El líder de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado, Luis Sánchez, aseguró que firmó el acuerdo bajo presión y que dicho compromiso fue rechazado por las bases de su gremio. El gobierno no reaccionó de inmediato a esos señalamientos.
Sánchez señaló que anularon el compromiso porque no abundó en otros dos puntos que tenían que ver con sus reclamos: la disminución del precio de los alimentos y de las medicinas.
El gobierno y la alianza -que además de educadores también aglutina a sectores agrícolas y pescadores artesanales- suscribieron la noche del domingo un acta de compromiso que establecía, entre otros puntos, un precio temporal tope de 3,25 dólares para el galón de gasolina. El compromiso se había sellado en la central provincia de Veraguas, donde iniciaron las protestas.
La alianza, por su parte, se comprometía a levantar de inmediato los cierres de vías en la capital y fuera del país que estaban causando desabastecimiento y reanudar las clases suspendidas.
Mientras tanto, en la capital líderes de otro movimiento que también aglutina a educadores y organizaciones sindicales y sociales, entre ellas el poderoso Sindicato de Trabajadores de la Construcción, continuaron las protestas y obstaculizaron amplias avenidas en la capital luego de advertir que se mantendrán en paro y continuarán las movilizaciones.
Ese movimiento desconoció desde el inicio el acuerdo suscrito en el interior del país y reclaman conformar una sola mesa de diálogo.
Desde hace más dos semanas el país registra múltiples manifestaciones y cortes de carreteras para exigir al gobierno de Laurentino Cortizo que intervenga y baje los precios de los combustibles, alimentos y medicinas.
También le exigen que tome medidas contra la corrupción y el despilfarro de los recursos del Estado.
Debido a las protestas, el gobierno se vio obligado a rebajar y congelar el precio de la gasolina, que pasó de 5,17 dólares el galón (3,78 litros) a 3,95, y de una decena de alimentos.
Sin embargo, los manifestantes consideraron insuficientes estas medidas.
En Ciudad de Panamá, algunas personas ya colocaban combustible a 3,95 dólares, pero no todos lo conseguían. Para hacerlo el usuario debe registrarse antes en una plataforma del gobierno.
Con 4,2 millones de habitantes, Panamá experimenta una de las mayores crisis sociales desde que en 1989 cayó la dictadura militar del general Manuel Antonio Noriega tras la invasión estadounidense.
El descontento se produce en un escenario con 4,2% de inflación interanual registrado en mayo, una tasa de desempleo en torno al 10% y un aumento en el precio del combustible que, desde inicios del año, llegó a ser del 47%.
