La oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro acordaron revisar las inhabilitaciones políticas de candidatos presidenciales opositores, así lo informó este jueves la embajada de Noruega en México, el país mediador en las negociaciones.
El acuerdo, firmado por representantes de la dictadura y de la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria de Venezuela, establece que se promoverá la autorización de todos los aspirantes a la presidencia y los partidos políticos que cumplan con los “requisitos legales, así como los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución”.
Según lo acordado por ambas partes, “cada uno de los interesados” acudirá personalmente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)” de Venezuela para ejercer un recurso contra la inhabilitación que tenga impuesta, “acompañada de un amparo cautelar”, entre el 1 y el 15 de diciembre. Luego, la Sala “se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo solicitado.
El procedimiento indica que los demandantes se abstendrán de incorporar, tanto en sus alegatos como en declaraciones públicas, “conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado”.
Además, cada uno de los solicitantes del levantamiento de las inhabilitaciones se compromete a respetar la Constitución, “honrar y defender la patria”, acatar la decisión del TSJ “que emane de este recurso” y rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político.
Este documento se conoce el día en el que finaliza el plazo que la Administración de Joe Biden dio al dictador Nicolás Maduro para dar pasos hacia la habilitación de políticos opositores, entre ellos, María Corina Machado, que ganó las primarias opositoras del pasado 22 de octubre con el 92,35 % de los votos.
“El acuerdo de Barbados estableció la vía para levantar las inhabilitaciones”, dijo a la prensa Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria, que agrupa a los principales partidos opositores.
Blyde explicó que el caso de Manuel Rosales, ex gobernador y ex candidato presidencial, sirvió de precedente legal para esta medida. Rosales presentó en 2015 un recurso ante el TSJ, controlado por el chavismo, para que anulara su inhabilitación. Dos años después, el máximo tribunal del país le dio la razón y le permitió ejercer cargos públicos.
Por su parte, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación chavista, calificó esta decisión como “un paso más en la dirección correcta”. Sin embargo, aclaró que se tendrán que respetar las instituciones y el “Estado de derecho”.
Más temprano, Estados Unidos advirtió que podría volver a imponer algunas de las sanciones que levantó a la dictadura venezolana el mes pasado, si el régimen de Nicolás Maduro no cumple con ciertos compromisos antes de este mismo jueves, fecha límite fijada por Washington.
“Si Maduro y sus representantes no siguen estos pasos, reconsideraremos los pasos que hemos tomado para aliviar algunas sanciones”, dijo un portavoz del Departamento de Estado.
Estas medidas, que incluyen una licencia general de seis meses para el sector petrolero y gasífero venezolano y otra para la compañía estatal de oro Minerven, así como el levantamiento de la prohibición sobre la negociación de bonos soberanos venezolanos, fueron anunciadas en octubre por el gobierno de Joe Biden como parte de un nuevo enfoque hacia el país sudamericano.
La decisión de Washington se produjo en respuesta al acuerdo firmado entre Maduro y la oposición para celebrar elecciones en 2024, que fue visto como un avance en la búsqueda de una solución pacífica y democrática a la crisis política y económica que vive Venezuela.
Sin embargo, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, condicionó el alivio de las sanciones a que Maduro cumpliera con una serie de requisitos antes de finales de noviembre, entre ellos definir medidas para levantar las inhabilitaciones a candidatos de la oposición, comenzar la liberación de presos políticos venezolanos y también de estadounidenses injustamente detenidos.
