La orden de diez días de detención ha sido anulada por un tribunal. La líder de la oposición seguirá siendo investigada, ya en libertad, por recibir dinero de Odebrecht para su campaña electoral de 2011.
Un tribunal peruano ha anulado este miércoles por la noche la orden de detención contra Keiko Fujimori. La líder de la oposición ha quedado en libertad tras haber pasado siete días en prisión acusada de lavado de activos por las donaciones de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña en 2011 a cambio de futuro trato de favor. La decisión, tomada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional por unanimidad, le ha permitido a Keiko Fujimori abandonar la cárcel tres días antes de lo que dictaba la anterior orden de captura, emitida por un juez el pasado miércoles y que vencía a los 10 días.
La sala también ha dejado en libertad a otros 19 detenidos por este mismo caso, a pesar de que solo cinco de ellos habían presentado una apelación. Entre ellos hay dos exministros del autócrata Alberto Fujimori -padre de Keiko y presidente peruano entre 1990 y 2000-: Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. Yoshiyama, sin embargo, no ha estado recluido como el resto porque argumentó que estaba recuperándose de una cirugía ocular practicada en Estados Unidos
Uno de los argumentos ofrecidos por el presidente de la de la sala para invalidar la detención preliminar ordenada por el juez Richard Concepción Carhuancho es que solo se recabaron los planteamientos de la fiscalía y no los de la parte afectada. También ha señalado que en el documento de Concepción Carhuancho “no hay argumento” y ha criticado que se hiciera un “copiar y pegar” de algunos párrafos de la solicitud del fiscal José Domingo Pérez, encargado de las investigaciones. El escrito incluye, también, criticas hacia el juez Concepción por haber dictado la orden de restricción de la libertad pocas horas después de haber sido hecha la petición.
Las investigaciones apuntan a que la dos veces candidata presidencial lideró una organización criminal que se infiltró en Fuerza 2011 -hoy Fuerza Popular, mayoritaria en el Congreso peruano- y recibió fondos provenientes de actos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Perú y en el resto mundo para que, cuando llegara al poder, le correspondiera mediante «el otorgamiento de obras sobrevaluadas, beneficios normativos, y/o favorecimiento judicial».
La sala de apelaciones también ha resuelto que el juez Concepción Carhuancho no podrá dictar una orden de detención preliminar para los tres días restantes, y que si el fiscal lo solicita, tendrá que decidirlo otro magistrado.
Un par de horas antes de que se celebrase la audiencia en el centro de Lima, miles de personas realizaron una protesta para rechazar la actitud del Congreso que encubre a los magistrados supuestamente involucrados en la red de corrupción en el sistema de justicia y demandar la salida del fiscal general también salpicado por este caso. La indignación creció cuando los manifestantes se enteraron de que el destituido juez supremo César Hinostroza, uno de los principales involucrados en esta trama de corrupción, había huido del país hacía diez días, a pesar de que sobre él recaía una orden de arraigo.
Durante la noche, mientras se celebraba la audiencia, un grupo de simpatizantes fujimoristas también se manifestaba en las proximidades del edificio de la sala de apelaciones, a escasos metros de la protesta que exigía que la hija del autócrata Alberto Fujimori siguiera en prisión. La policía ha lanzado gases lacrimógenos contra la protesta antifujimorista cada vez que estos trataban de acercarse al grupo de seguidores de la líder de la oposición.
“El pueblo lo agradece, se hizo justicia”, gritaron los seguidores de Fuerza Popular una vez conocida la decisión del tribunal, a diferencia de los días pasados en que acusaban al Poder Judicial de realizar una persecución política contra el fujimorismo…
