El Ministerio Público de Perú presentó este martes una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo ante el Congreso nacional, por presuntos actos de corrupción que se investigan en el marco de las causas Puente Tarata III y Petroperú.
La fiscal de la nación, Patricia Benavides, le imputa a Castillo los supuestos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en el primer caso, y de colusión agravada y tráfico de influencias agravado en el segundo.
La denuncia también apunta contra los exministros Juan Silva (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento).
La fiscalía de Perú allanó el martes viviendas de legisladores, funcionarios y de amigos y la hermana del presidente Pedro Castillo en medio de investigaciones por casos de presunta corrupción en el Gobierno.
Un equipo de fiscales, junto a la policía judicial, inició el operativo en Lima y otras ciudades del país «por el presunto delito de organización criminal», una de las investigaciones en la que está involucrado el mandatario izquierdista Castillo.
La investigación conocida como Puente Tarata III indaga sobre presuntos actos de corrupción en la licitación pública para la construcción del puente vehicular Tarata sobre el Río Huallaga, en la provincia de Mariscal Cáceres.
Esta obra de infraestructura fue convocada por Provías Descentralizado, una unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y fue adjudicada al Consorcio Puente Tarata III, integrado por las empresas Tableros y Puentes, de España, H. B. Estructuras Metálicas y Termirex, de China.
En el caso PetroPerú, se investiga si el jefe de Estado peruano habría recibido sobornos para designar en octubre de 2021 a Hugo Chávez Arévalo como gerente general de la compañía estatal petrolera.
«Nueva modalidad de golpe de Estado»
Horas después de hacerse pública la denuncia constitucional en su contra, Pedro Castillo, junto al jefe del Gabinete Ministerial y ministros, aseveró que «se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú».
Asimismo, rechazó las acusaciones en su contra. «Hoy se está haciendo una acusación constitucional sabiendo que la propia Constitución le da prerrogativas al Gobierno para conducir el país», expresó en una conferencia con la prensa internacional.
Además, condenó la persecución no solo «a los líderes políticos» si no al entorno más cercano «de quienes cumplen funciones en este Gobierno». «No nos van a amedrentar. Estamos más firmes que nunca», agregó.
El mandatario desmintió que vaya a pedir asilo político o abandonar la nación. «No voy a salir del país y, como siempre hemos dicho, nos sometemos a todo tipo de investigación, lo han hecho en el entorno de la familia, lo están haciendo en el entorno ministerial porque sabemos que no hay ningún fundamento real», declaró.
Un «acto abusivo«
«Hoy, hay denuncias constitucionales, persecución, y no les importa meterse hasta con tu propia madre. Pero acá estoy, y si tiene que correr mi sangre por la calle en beneficio de este pueblo, lo tengo que hacer, y si hay que entregar la vida lo voy a hacer», expresó Castillo durante una reunión con representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores CAS COVID.
Más temprano, el mandatario calificó de un «acto abusivo» el allanamiento de la Fiscalía a la casa de su hermana Gloria Castillo Terrones, y acusó a la institución de poner en riesgo la salud de su madre, Mavila Terrones, que se encontraba en el domicilio al momento del operativo.
