La Corte Suprema decidió que considerará la legalidad de la Acción Diferida de 2012 (DACA) y revisará el caso en el periodo 2020, en medio del calor de la campaña hacia las elecciones presidenciales. Sin embargo, escuchará los argumentos de ambas partes en el otoño de este año.
Activado por el entonces presidente Barack Obama, el programa, que además otorga una autorización de empleo (EAD), fue cancelado el 5 de septiembre de 2017 por orden del presidente Donald Trump en cumplimiento de una promesa de campaña. Desde entonces, la decisión fue desafiada en distintos tribunales.
En enero de 2017, una corte federal de California revirtió la decisión del mandatario y ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) restituir el beneficio en los mismos términos en que se encontraba antes de ser caducado, excepto para aquellos jóvenes que no se habían inscrito.
Entre los meses de febrero y abril del año pasado otros dos tribunales, uno de Brooklyn y otro de Washington DC, también fallaron a favor de DACA, en un claro revés a la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del presidente Trump.
En respuesta a los fallos favorables, Texas y otros 9 estados gobernados por republicanos demandaron al programa en una corte federal de Houston, Texas, pero este tribunal no dio curso a la demanda, dejando al programa vigente tal y como habían dictaminado los otros tribuinales.
En noviembre, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que el gobierno no podía cancelar la Acción Diferida de 2012 (DACA), decisión que le abrió la puerta a la administraci´on de Trump para acudir a la Corte Suprema y pedir que revise el programa.
En ese dictamen, el panel de tres jueces del tribunal concluyó que la decisión del gobierno de cancelar DACA era «arbitraria, caprichosa y no estaba apegada a la ley».
La decisión de la corte este viernes le da al presidente la oportunidad de seguir blandiendo argumentos en su intento por detener el programa.
Mientras tanto, mantiene vivo el programa y las protecciones a los beneficiarios de DACA, que accedieron al beneficio tras demostrar que no tenían antecedentes criminales y tenían menos de 31 años al 15 de junio de 2012. A cambio, recibieron una autorización de empleo renovable cada dos años, un documento que les permite gestionar una licencia de conducir y una tarjeta del Seguro Social, entre otros beneficios.
Los republicanos desde un comienzo rechazaron el programa aduciendo que Obama había cambiado una parte de la ley de inmigración sin la autorización del Congreso, argumento que esgrimió Trump durante su campaña y con el que prometió a sus electores que lo cancelaría.
«DACA sigue en pie»
“Nosotros estamos listos para seguir luchando”, dijo a Univision Noticias Greisa Martínez, sub-directora de United We Dream (UWD), la principal organización de dreamers del país. “En este momento DACA sigue en pie y le pedimos a todos los beneficiarios del programa que renueven sus protecciones”, indicó.
Martínez dijo además que la lucha por la Acción Diferida debe continuar. Agregó que “es difícil escuchar estas noticias, pero sabemos que la ley en la cual DACA está basada es constitucional”.
«Vamos a seguir luchando. Esto es parte de la estrategia de Donald Trump para poner a más gente de color en los centros de detención y poder deportarlos del país”, precisó la dirigente.
Para Jaime Barrón, abogado de inmigración en Dallas, Texas, tras la decisión de la Corte Suprema “todo sigue igual”.
“Los poco más de 700,000 dreamers que están amparados bajo el programa que frena temporalmente sus deportaciones deben de seguir con sus vidas. Y aquellos que les toca renovar sus permisos de trabajo, que lo hagan con tiempo”, indicó.
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) recordó que los permisos de trabajo deben renovarse entre 120 y 150 días antes de que se venzan.
En cuanto a las restricciones del programa, Barrón dijo que son las mismas: «Los que nunca antes se han inscrito no pueden hacerlo, y tampoco pueden salir del país porque no están dando permisos de salida”.
“Y tampoco se equivoque o cometa una falta que lo deje fuera de los requisitos”, advirtió Barrón. “Un error o un crimen puede convertirlo en inadmisible para permanecer en Estados Unidos”.
Con información de Univisión
