La líder opositora peruana Keiko Fujimori vuelve a prisión preventiva, por un plazo de 15 meses, por temor a que se fugue, determinaron el martes las autoridades de justicia.
La excandidata presidencial ya había cumplido más de un año de prisión preventiva, entre 2018 y 2019, a pedido del fiscal José Domingo Pérez que la investiga por presunto lavado de activos por los aportes de la empresa Odebrecht a sus campañas electorales, pero fue excarcelada por decisión del Tribunal Constitucional.
El juez Zúñiga aprobó el nuevo pedido de Pérez y ordenó su prisión preventiva por quince meses al respaldar los argumentos de la fiscalía del peligro de fuga, obstrucción a la justicia y gravedad de los delitos imputados.
Argumentos del juez
El magistrado afirmó que la prisión preventiva cumple con los estándares de proporcionalidad referidos, pues resulta idónea, adecuada, necesaria y proporcionalmente estricta.
Zúñiga dijo que Fujimori estaría involucrada en el delito de lavado de activos cuando fue legisladora (2006-2011) y cuando habría intentado ser “la más importante funcionaria” de la nación, en las campañas presidenciales de 2006 y 2011.
Además, el juez manifestó que hay sospecha suficiente de peligro de fuga de la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) porque su arraigo posesorio o domiciliario no es de calidad.
En los últimos siete años, Fujimori y su familia han vivido en una casa alquilada, con una renta de 1.600 dólares mensuales, y la excandidata presidencial ha declarado ingresos por más de 11.000 soles (3.300 dólares) al mes, que provienen aparentemente de aportes de su partido.
El magistrado indicó que con esa renta han podido adquirir una vivienda e incrementar su arraigo, pero ha decidido no hacerlo.
Minutos antes de llegar a la sala penal donde fue detenida, Fujimori grabó un mensaje en sus redes sociales en el que se quejó de esta “nueva injusticia” y “ajusticiamiento” promovidos por “varios intereses”.
La exlegisladora anunció que se entregaría a la justicia inmediatamente porque tiene “la conciencia tranquila” y que rompería su silencio para dar “una respuesta política a esta persecución”.
Asimismo, informó que pidió a su esposo Mark Vito que presente su caso “a gobiernos extranjeros y a organismos internacionales” para alcanzar la justicia que considera le han negado en su país.
Vito declaró a los periodistas que “aquí hay un gran injusticia” contra su esposa y que van a “levantar nuestra voz frente a la comunidad internacional” para demostrar que no hay una obstrucción a la justicia.
De igual forma, la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, dijo a los reporteros que la detención preventiva es “una clara persecución política” y que van a recurrir “a todas las instancias”, al rechazar el argumento del peligro de fuga.
Tras la resolución del magistrado, Fujimori se despidió con un abrazo de su esposo y fue detenida por la Policía Judicial, que posteriormente la llevó en una camioneta a la carceleta del Poder Judicial, donde se tramitará su ingreso en un penal de Lima en las próximas horas.
Lavado de activos
Fujimori es investigada por el fiscal Pérez por la presunta comisión de cuatro delitos, entre ellos lavado de activos durante sus campañas electorales de 2011 y 2016, en las que presuntamente recibió un millón de dólares de la empresa brasileña Odebrecht.
Su defensa reiteró que no se han corroborado los delitos imputados por el fiscal y que solo se cometió una falta administrativa al haber usado a falsos aportantes para justificar las donaciones recibidas.
El juez Zúñiga remarcó, en primer lugar, que para que la investigación de un caso de lavado de activos continúe basta que se sospeche o presuma el origen ilícito del dinero y recordó que la ley de partidos políticos en Perú establece un límite de los aportes económicos a las campañas electorales.
Según el fiscal Pérez, Fujimori rompió toda la legalidad, obstruyó a la justicia y recibió millones de dólares de manera clandestina, por lo que se debe concluir que existe grave sospecha de que volverá a hacerlo.
