El presidente Joe Biden firmó el viernes una orden ejecutiva que ordena la desclasificación de ciertos documentos relacionados con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, un gesto de apoyo a las familias de las víctimas que llevan tiempo buscando los registros con la esperanza de implicar al gobierno saudí.
La orden, que llega poco más de una semana antes del 20º aniversario de los atentados, es un momento significativo en una disputa de años entre el gobierno y las familias sobre qué información clasificada sobre los preparativos de los atentados puede hacerse pública. Ese conflicto se puso de manifiesto el mes pasado, cuando unos 1.800 familiares, supervivientes y primeros intervinientes se manifestaron en contra de la participación de Biden en los actos conmemorativos del 11-S si los documentos seguían desclasificados.
“Los acontecimientos significativos en cuestión ocurrieron hace dos décadas o más, y se refieren a un momento trágico que sigue resonando en la historia de Estados Unidos y en las vidas de tantos estadounidenses”, afirma la orden ejecutiva. “Por lo tanto, es fundamental garantizar que el Gobierno de los Estados Unidos maximice la transparencia, recurriendo a la clasificación sólo cuando sea estrictamente necesario”.
La orden ordena al Departamento de Justicia y a otros organismos del poder ejecutivo que inicien una revisión de la desclasificación y exige que los documentos desclasificados se hagan públicos en los próximos seis meses.
Sin embargo, el impacto práctico de la orden ejecutiva y de los nuevos documentos que pueda producir no estaba claro de inmediato. Las investigaciones anteriores han esbozado vínculos entre ciudadanos saudíes y algunos de los secuestradores de aviones, pero no han establecido que el gobierno de Arabia Saudita estuviera directamente implicado.
Una larga demanda en un tribunal federal de Nueva York alega que funcionarios saudíes prestaron un importante apoyo a algunos de los secuestradores antes de los atentados y pretende responsabilizar al reino. El gobierno saudí ha negado cualquier relación con los atentados.
Las familias llevan mucho tiempo afirmando que los funcionarios saudíes desempeñaron un papel más directo de lo que el gobierno estadounidense ha dicho públicamente, citando en parte el hecho de que los dos primeros secuestradores que llegaron a Estados Unidos antes del ataque fueron recibidos y asistidos por un diplomático saudí. Los secuestradores llevan mucho tiempo acusando al gobierno de poner trabas a sus demandas de documentos, y el jueves instaron al inspector general del Departamento de Justicia a investigar la aparente incapacidad del FBI para localizar una fotografía, un vídeo y otros registros que buscan.
El Departamento de Justicia reveló el mes pasado que el FBI había concluido recientemente una investigación en la que se examinaba a ciertos secuestradores del 11-S y a posibles co-conspiradores, y que ahora trabajaría para ver si podía compartir información que previamente había determinado que no podía ser revelada.
Según los términos de la orden ejecutiva, el FBI debe completar antes del 11 de septiembre su revisión de la desclasificación de los documentos de esa investigación, a la que se ha referido como la “Investigación del Subfile”.
En el transcurso de los próximos seis meses, la orden establece que el gobierno debe revisar para su desclasificación todos los informes de las entrevistas, los documentos con las conclusiones de la investigación, cualquier registro telefónico y bancario, otros informes de las entrevistas y otra información que se considere potencialmente relevante para los ataques.
