El Gobierno de Guatemala pidió este jueves investigar por posible mal uso de fondos públicos al número dos de la cuestionada Fiscalía guatemalteca , entidad que en 2023 puso en riesgo la transición presidencial .
La denuncia fue presentada ante la Contraloría General de Cuentas (fiscalizadora del Estado) por el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, contra el secretario general del Ministerio Público (MP, Fiscalía), Ángel Pineda.
«Por instrucciones del presidente Bernardo Arévalo vengo a denunciar ante la población y la Contraloría el posible uso de fondos públicos para la persecución política de ciudadanos guatemaltecos en el extranjero», dijo Guerrero en rueda de prensa.
El funcionario detalló que, el 16 de noviembre de 2021, Pineda solicitó en un oficio al entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) fondos para pagar «un bufete de abogados en Estados Unidos para actuar en contra de personas guatemaltecas exiliadas en el extranjero» .
Pineda justificó entonces que los abogados serían contratados para «la defensa de los intereses del Estado, a pesar de que en ese oficio sólo se presentan publicaciones autorizadas en redes sociales», agregó Guerrero y aseguró que el Ministerio de Finanzas asignó de «forma urgente recursos financieros adicionales por 461.600 quetzales mensuales (unos 60.000 dólares)».
«La estrategia propuesta por ese bufete fue sometida a aprobación por la actual fiscal [general] Consuelo Porras», afirmó el secretario general de la Presidencia. Según Guerrero, el bufete estuvo contratado los años 2021 y 2022. Unos 30 periodistas, jueces y fiscales anticorrupción se han exiliado por la persecución emprendida por Porras.
