La Fiscalía General de México (FGR) investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, así como delitos de carácter electoral y patrimonial, informó el martes la dependencia en un comunicado.
El anuncio ocurre casi un mes después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del ministerio de Hacienda denunciara que Peña Nieto habría recibido poco más de un millón de dólares en transferencias irregulares y que mantiene «vínculos» con empresas que fueron grandes contratistas del Estado durante su mandato.
La UIF dijo entonces que había entregado dichos expedientes a la fiscalía general.
De todas las investigaciones, destaca la referida a delitos electorales y patrimoniales, la cual incluye «diversas denuncias en las que se encuentra involucrada» la constructora española OHL.
En el caso de lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, la fiscalía está integrando una carpeta de investigación con base en las denuncias de Hacienda y espera los dictámenes periciales hacendarios y fiscales, mientras obtiene más pruebas «indispensables» para judicializar el caso, detalló.
Para la investigación de enriquecimiento ilícito, «los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia», agregó la FGR.
Las denuncias contra Peña Nieto por parte del gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador y la confirmación de la investigación fiscal ocurren tras informes periodísticos que exhibieron el ostentoso estilo de vida del exmandatario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Según el diario español El País, Peña Nieto vive en un exclusivo barrio de Madrid, conocido por sus altas rentas y protocolos de seguridad, donde tiene como vecinos a los actores Penélope Cruz y Javier Bardem, además de ser propietario de un piso de lujo valuado en más de 600.000 euros.
Tras las denuncias de la UIF, Peña Nieto respondió a través de Twitter el pasado 7 de julio. En su mensaje dijo estar «cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo».
