La Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha pedido para el coronel Inocente Orlando Montano 150 años de cárcel por su participación en el asesinato en noviembre de 1989 del rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el jesuita vasco Ignacio Ellacuría, y de otros cinco sacerdotes pertenecientes a esta orden religiosa, cuatro de ellos españoles.
El ministerio público solicita para Montano 30 años de prisión por cada uno de los “cinco asesinatos terroristas” de los religiosos españoles y la privación de todos los honores militares, según un escrito al que ha tenido acceso el periódico EL PAÍS.
Montano era en 1989 viceministro de Seguridad Pública de El Salvador. Insigne miembro de La Tandona, promoción de una veintena de oficiales ultraderechistas que ocupó puestos clave en el Ejército, el mando se hizo célebre por su fiereza contra los jesuitas, a los que atribuía conexiones terroristas. «Los jesuitas están plenamente identificados con los movimientos subversivos», llegó a clamar Montano días antes del 16 de noviembre de 1989.
Un grupo de militares salvadoreño asesinó esa madrugada a Ellacuría. Filósofo y teólogo de la liberación, el religioso se había convertido en un personaje perturbador para la dictadura. Sus posiciones proclives al diálogo y su voluntad para alcanzar la paz entre la guerrilla revolucionaria del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejecutivo situaron al cura en la mirilla de los cenáculos más reaccionarios del Gobierno controlado por la formación Alianza Republicana Nacionalista, ARENA.
Con los seis jesuitas también fueron ejecutados la mujer y la hija del guardián de la universidad, de 15 años.
Montano fue uno de los cinco coroneles considerados clave en el caso. El mando actuó bajo las órdenes del entonces jefe del Estado Mayor René Emilio Ponce, fallecido en 2014.
El ministerio público solicita también cinco años de prisión menor para el teniente René Yusshy Mendoza, miembro del batallón Atlacatl, grupo encargado de ejecutar la matanza.
La Fiscalía considera que Mendoza “ha colaborado activamente con la investigación” y “tenía notablemente disminuida su capacidad” porque la desobediencia a las órdenes del Estado Mayor podía suponer riesgo para la vida.
Montano, hoy con 76 años, “participó en la decisión, diseño y ejecución de los asesinatos”, según el escrito presentado por la Fiscalía al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. El documento estima que el procesado constituyó “una estructura al margen de la legalidad, que alteró gravemente la paz pública […] con ejecuciones civiles y desapariciones forzosas”.
La Audiencia Nacional abrió la causa por la matanza de los jesuitas en 2011 en virtud del principio de justicia universal. EE. UU., donde Montano aterrizó en 2001 con documentación falsa, entregó al coronel a España en 2017. El juez envió en noviembre de ese año a Montano a prisión por su participación en el plan que culminó con el asesinato de Ellacuría y de los jesuitas españoles Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo.
Con documentos desclasificados de EE. UU., la investigación judicial estima que Montano fue testigo del momento en el que el coronel y ministro de Defensa René Emilio Ponce ordenó a su subordinado Guillermo Alfredo Benavides asesinar a Ellacuría y no dejar testigos.
Días antes de la matanza, el Ejército había orquestado una campaña de desprestigio contra los jesuitas vinculados a la Universidad Centroamericana (UCA), según la Fiscalía. “A Ellacuría se le acusó en repetidas ocasiones de ser uno de los principales consejeros y estrategas del FLMN […]. Los jesuitas eran extranjeros enviados por España para recolonizar el país, eran líderes de hordas terroristas”, sostiene el ministerio público en un escrito firmado por Teresa Sandoval.
El viceministro de Defensa Juan Orlando Zepeda alegó incluso que los sacerdotes fueron cómplices del asesinato del fiscal general de El Salvador. “El enemigo está entre nosotros. Debe ser identificado y denunciado. Por tanto, por tanto, vamos a tomar la decisión final para resolver esta situación”.
carita del cuche inocente,y ahora quien podrá defenderme tal vez algún arenero nacionalista vea champeros jijiji
La justicia Internacional deberia averiguar a los autores intelectuales y al que ejercia la Comandancia Gral de las FF.AA en esa epoca: seguir este proceso sin ellos es dejar en la Impunidad ese crimen atroz en contra de la Inteligencia del pais.
Ahora resulta que el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada que dio la orden no tiene que NADA que ver con la muerte de los Jesuitas ni con la corrupcion. Aqui hay algo grave que debe corregirse, con los Muertos y Robos de TODOS los Presidentes Arena
Ese asesino pagara la maldad de su juventud en su vejez. Morira en una celda, lejos del pais que «defendio», familia y amigos. Triste pero muy merecido final! Mal paga el diablo al que bien le sirve.
Y los guerrinches culpables de la agresion y ademas han saquedo el pais cometieron muchos asesinato pero como no eran españoles sino Salvadoreños les daran un premio y los haran santos
Qua la den 500 para que se pudra en la carcel ese asqueroso asesino
Los actos encuviertos de estos jesuitas tuvieron como consecuencia VICTIMAS,, Quien habla de ellos, Malditos Españoles
Hata muy poco pidieron para este asesino. faltan la tandona que han sobrevivio hasta esta fecha y hasta el tristemente celebre Cristiani