El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó el miércoles una ley que habilita nuevas sanciones contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que Washington considera una “dictadura”.
Biden sancionó la “Ley de Fortalecimiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021″, más conocida como Ley RENACER por sus siglas en inglés, “la cual impone sanciones al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega”, informó la Casa Blanca en un comunicado, señalando que permite “restringir los préstamos bancarios multilaterales y combatir la corrupción del régimen”.
La legislación fue aprobada en el Congreso de EEUU hace seis días, con el apoyo de demócratas y republicanos; y permite que se revise un tratado de libre comercio con el país centroamericano.
La legislación urge al Gobierno de Biden a examinar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (Cafta, en inglés) y, además, le pide que aumente sus sanciones contra actores claves del Gobierno de Ortega.
El texto también insta a Biden a expandir la cooperación con Canadá y con la Unión Europea (UE) en la política hacia el país centroamericano. Asimismo, el proyecto amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua.
Ortega acaba de extender su control del poder en una elección presidencia que Washington ha denunciado como una farsa.
Las detenciones de decenas de políticos de oposición, incluidos aspirantes a la presidencia, prácticamente garantizaron que Ortega, un exguerrillero marxista, ganara un cuarto mandato consecutivo en las elecciones del domingo, reforzando su control sobre el país centroamericano.
El martes, Estados Unidos aseguró que Nicaragua ha dejado de ser una democracia y es ahora una dictadura.
“Ha pasado de ser una democracia frágil a convertirse en un régimen completamente autocrático”, expresó en conferencia de prensa telefónica Ricardo Zúñiga, secretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense. “Es una dictadura… que carece de cualquier mandato democrático”.
Los comentarios de Zúñiga representan la aseveración más fuerte que ha hecho hasta este momento el gobierno del presidente Joe Biden para referirse a la administración de Ortega tras los comicios.
Tienen lugar también a un día del inicio de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que Washington espera que gran parte de la región condene la situación en Nicaragua, exija la liberación de los denominados “presos políticos” y analice las acciones a seguir para preservar la democracia en las Américas.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, rechazó el martes la “ilegítima” reelección de Ortega en Nicaragua y exhortó a la Asamblea General del organismo a actuar ante lo que llamó una “clara violación de la Carta Democrática” de la organización.
“Rechazamos los resultados de las elecciones ilegítimas en #Nicaragua”, dijo Almagro en su cuenta de Twitter y acompaño su mensaje con un informe de 17 páginas de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia que plantea “anular” los comicios del domingo pasado y celebrar otros con garantías y condiciones aceptadas internacionalmente.
“La comunidad internacional debe exigir la anulación de las elecciones del domingo 7 de noviembre y hacer un llamado a la celebración de un nuevo proceso electoral, con garantías, observación electoral y verdadera competencia electoral”, señala el informe.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua adjudicó el lunes a Ortega el 75,92% de los votos en un escrutinio preliminar. Al menos 40 países rechazaron esos resultados.
A finales de 2018, el Congreso de EEUU ya aprobó un proyecto de ley conocido como Nica Act, que ordena a funcionarios estadounidenses de las instituciones multilaterales de crédito usar su influencia para detener la financiación a los organismos estatales nicaragüenses.
La verdad es que lo les conviene a Biden, Canada y la UE no es necesariamente nuestros inteteses. Nicaragua es libre y soberana, su gobierno y su pueblo tienen la responsabilidad por su futuro. No terroristas locales e intetnacionales tradicionales