A partir de este lunes, ningún inmigrante en EE.UU. será deportado solo por estar indocumentado, de acuerdo con un reglamento publicado en el Registro Federal estadounidense el 30 de septiembre pasado.
Se trata de un memorándum que firmó en septiembre el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, en el que se establece que no tener documentos no será razón exclusiva para detener a un migrante y expulsarlo a su país de origen.
En esta nueva medida que entró en vigor este lunes, el departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) insta a los funcionarios de migración a priorizar el desarrollo de una investigación más exhaustiva —que incluya la revisión de los antecedentes penales— antes de proceder a una deportación.
«Esto garantizará una evaluación minuciosa y caso por caso de si la acción de aplicación de la ley está justificada y es apropiada, lo que permitirá al DHS concentrar sus recursos limitados en casos de mayor importancia para el interés nacional», apuntó la dependencia.
En el memorándum firmado por Mayorkas el pasado 30 de septiembre, reconoce que el gobierno estadounidense no tiene «los recursos para aprehender y buscar la expulsión» de los más de 11 millones de personas indocumentadas que viven en la nación.
Además, el secretario estadounidense refiere que «la mayoría» de los migrantes indocumentados que son vulnerables de las expulsiones inmediatas han contribuido en sus comunidades. Esto incluye aquellos que están «en primera línea en la batalla contra el covid-19»; «lideran nuestras congregaciones de fe»; «enseñan a nuestros hijos» en los centros educativos; o quienes realizan «un trabajo agrícola agotador para ayudar a llevar comida a nuestra mesa».
Las prioridades
Así, esta nueva política permitirá enfocar los esfuerzos de las agencias migratorias en las personas que representen «una amenaza para nuestra seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza».
Las acciones de detención y deportación estarán enfocadas en los sospechosos de participar en actos de terrorismo o espionaje; en las personas que cometieron una conducta criminal grave; en los casos de migrantes que fueron detenidos en la frontera o puerto de entrada al ingresar ilegalmente al territorio; o quienes fueron aprehendidos tras «ingresar ilegalmente después del 1 de noviembre de 2020».
Esas nuevas prioridades de deportación fueron anunciadas a principios de año. No obstante, un juez de distrito de Texas las paró en agosto, luego de una demanda presentada por los estados de Luisiana y Texas, alegando que la política migratoria de la administración de Joe Biden violaba la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
Sin embargo, en septiembre, el Quinto Tribunal de Apelaciones falló a favor de la administración de Biden y detuvo la orden del tribunal inferior que bloqueaba las prioridades de arresto de inmigrantes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
