Sindicatos y gremios de Panamá anunciaron el lunes nuevas protestas callejeras ante el supuesto incumplimiento de los acuerdos alcanzados en una mesa de diálogo con el Gobierno instalada el pasado 21 de julio, en medio de la mayor crisis social vivida en el país en años y para apaciguarla.
“Frente al incumplimiento de lo que se ha logrado pactar (en la mesa de diálogo) y frente a la actitud de no querer resolver los otros problemas, regresamos a las calles” el próximo miércoles, dijo el líder del poderoso sindicato de la construcción Suntracs, y miembro de una de las alianzas populares que promovieron las protestas nacionales de julio pasado, Saúl Méndez.
Algunos comercios y estaciones de combustibles no están vendiendo los alimentos y el combustible con los costos rebajados gracias a los subsidios y control o regulación de precios aprobados en la cuestionada “mesa única de diálogo”, argumentó el líder sindical y ex candidato presidencial izquierdista.
Con esta “acción” de calle el próximo miércoles “en todas las arterias vehiculares del país (…) estamos demandando que se cumpla con lo que se dijo que se iba a cumplir”, y también “respuesta en los puntos (en las) que no hay, como medicamentos, materia de energía, todavía falta abordar el tema de la corrupción y mesas temáticas”, agregó Méndez.
Las manifestaciones de julio pasado causaron desabastecimiento de alimentos y combustible en los centros urbanos y pérdidas millonarias a la agricultura debido a bloqueos en la principal carretera de Panamá.
Estos bloqueos fueron levantados luego que se alcanzaran acuerdos en la “mesa única diálogo” referidos básicamente a nuevos subsidios y control de precios para abaratar la cesta básica de alimentos.
El sector privado cuestiona duramente los acuerdos económicos logrados por el Gobierno y los sindicatos y gremios porque, aunque les atañen como sector productivo y comercial, no fueron tomados en cuenta para decidirlos, y alertan que los mismos solo generarán desabastecimiento.
Antes de iniciarse la mesa, en un intento fallido por apaciguar la calle, el Gobierno de Laurentino Cortizo aprobó la reducción y congelación temporal del combustible en 3,25 dólares del galón (3,78 litros), “el precio más bajo de Centroamérica”, como destacó el mandatario, que anunció además un plan de austeridad que reduce un 10 % de gasto.
La Defensoría del Pueblo divulgó el jueves un informe preliminar en el que señala que debido a las protestas 80 personas tuvieron que ser trasladadas a hospitales por diversas afectaciones.
La institución —cuyos funcionarios acompañaron las manifestaciones y registraban lo acontecido— indicó que en el 92% de las protestas no hubo altercados. Dijo también que las personas que fueron enviadas a hospitales tenían diversos problemas de salud: afectaciones respiratorias, lesiones maxilofaciales y heridas cerca de los ojos, y que un manifestante fue atendido de una herida de bala en el brazo. La mayoría fueron enviadas de vuelta a sus casas tras ser atendidas.
En su informe, la Defensoría del Pueblo señaló que la ola de protestas fue “un escenario de perturbación del orden público que sobrepasó en algunas veces la capacidad de la Fuerza Pública y que por consecuencia puso en riesgo la convivencia e inclusive la institucionalidad”.
