La presión diplomática aumenta para que el presidente de Nicaragua acepte en la negociación a la OEA o la ONU como garantes.
Después de tres días de negociaciones a puerta cerrada entre los delegados del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la opositora Alianza Cívica, el llamado diálogo nacional se mantiene estancado y con la amenaza de acabar sin resultados dada la negativa del mandatario de permitir la participación en el diálogo de observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la Unión Europea.
La Alianza Cívica —conformada por representantes de los empresarios, campesinos, académicos, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil— exige la participación de estos organismos para garantizar que se cumplan los acuerdos a los que se lleguen en las negociaciones. “Sin garantes no hay diálogo”, coincidieron dos fuentes cercanas al proceso consultadas por EL PAÍS.
Estas fuentes informaron de que se ha desarrollado un intenso cabildeo diplomático para convencer al mandatario nicaragüense de la importancia de permitir los observadores internacionales. El Vaticano, a través de su representante en Managua, Waldemar Stanislaw Sommertag, hace “gestiones” con el Gobierno, que rechaza la presencia de los organismos extranjeros bajo el argumento de que los problemas internos deben ser resueltos “entre nicaragüenses”.
Ortega, sin embargo, está en una difícil situación: la economía del país se ha deteriorado y se enfrenta a una fuerte presión internacional para que se encuentre una salida a la crisis política que ha dejado 325 muertos, 50.000 exiliados y más de 600 presos.
El mandatario había mostrado un gesto de buena voluntad al excarcelar a un centenar de estos detenidos. En un principio, se había hablado de una liberación, pero el Ministerio de Gobernación [Interior] aseguró en un comunicado que se trataba de un cambio de medida cautelar, lo que en Nicaragua se conoce como “casa por cárcel”. Para los opositores el gesto no fue suficiente.
En un comunicado emitido el viernes tras las negociaciones dijeron que tienen un “mandato claro”: la “liberación y seguridad de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías, establecidos por la Constitución”.
Las fuentes consultadas en Managua dijeron que el lunes será un día clave para el proceso. Afirmaron que los delegados del gobierno consideran a organismos como la OEA como no “parciales”, dada su postura frente al régimen. El secretario general de esa organización, el uruguayo Luis Almagro, calificó de “dictadura” al gobierno de Ortega y amenazó con aplicar la Carta Democrática a Nicaragua al considerar que se ha amenazado la democracia en este país centroamericano.
Almagro, sin embargo, dijo que la OEA podría participar en las negociaciones como garante, pero puso como condición la liberación de los detenidos en el marco de la represión desatada contra las manifestaciones que exigen el fin de 12 años de gobierno sandinista. “Nosotros estamos de acuerdo con un proceso de diálogo, no exactamente como mediadores, pero como garantes.
Lo que hemos solicitado es la liberación de todos los presos políticos, porque nosotros no podemos entrar en una negociación en la que tengamos que negociar libertades. Eso no sería la mejor manera de estar en una negociación”, aseguró.
Al no llegar a un acuerdo sobre la participación de los organismos internacionales en las negociaciones, las partes no han podido abordar los temas centrales del diálogo, que incluyen la liberación de todos los detenidos, reformas electorales, adelanto de elecciones y justicia para las víctimas de la represión.
Ortega ha abierto en Nicaragua una profunda herida, al desatar la peor matanza sufrida por este país en tiempos de paz. Un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) determinó que en el marco de la represión se cometieron delitos de lesa humanidad.
El llamado diálogo ha generado muchos recelos en una nación que exige el fin de 12 años de gobierno totalitario y que sean juzgados los culpables de los crímenes contra quienes se han manifestado en contra del régimen.
Ortega es un político sagaz y curtido. Cumplirá en julio 40 años de estar en la cima del poder en Nicaragua. Pasó de ser un preso de la dictadura de Anastasio Somoza a convertirse en el hombre fuerte del sandinismo, gobernar el país en cuatro ocasiones y controlar todos los poderes del Estado.
Los opositores saben que negocian con un hombre hábil, que ha sabido salir ileso de la derrota electoral de 1990, cuando Violeta Chamorro tomó el poder, la división del Frente Sandinista de 1995, cuando intelectuales como el escritor y vicepresidente Sergio Ramírez abandonaron el partido y la denuncia por violación de su hijastra, Zoilamérica Narváez, que desató un terremoto político del que salió sin rasguños gracias al apoyo de su esposa, Rosario Murillo, quien se convirtió en su mano derecha y a quien Ortega nombró oficialmente como la “eternamente leal”.
Los nicaragüenses expresaron su hartazgo al Gobierno de Ortega desde abril de 2018, cuando cientos de miles de personas le exigieron de forma pacífica poner fin a su mandato. Ortega reaccionó de forma violenta y se perdió en su propio laberinto, consciente de que no podrá seguir gobernando en un país que lo rechaza.
