El presidente de Bolivia, Luis Arce, promulgó este lunes la ley que suspende las elecciones primarias presidenciales, medida que fue acordada en un encuentro de organizaciones políticas con la finalidad de dar prioridad a los comicios judiciales programados para diciembre de 2024.
«Hoy hemos recibido la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio de Elecciones Primarias y la estamos promulgando de inmediato», escribió el mandatario en la red social X (antes Twitter). Arce agregó que la promulgación de la norma se hizo «en cumplimiento del acuerdo alcanzado entre órganos del Estado y organizaciones políticas» el pasado 10 de julio además que los recursos para los comicios judiciales están garantizados.
Días antes, el Senado dio la aprobación definitiva en el Legislativo a la norma de suspensión de las elecciones primarias. El único artículo establece que: «La presente Ley tiene por objeto disponer, de forma excepcional que, para las elecciones generales 2025, no se llevarán a cabo las elecciones primarias de candidaturas del binomio presidencial».
El expresidente y líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales (2006-2019), se mostró desde el principio en contra de suspender las elecciones primarias y culpó al bloque de congresistas afines a Arce de haberse aliado con los partidos de oposición para suspenderlas.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) llamó en julio de 2024 a las organizaciones sociales y políticas a un encuentro «por la democracia» para consolidar las elecciones generales en 2025 y priorizar las elecciones judiciales en 2024. Todas las personas participantes -a excepción de Morales- acordaron suspender las elecciones primarias con el objetivo de garantizar los comicios judiciales.
El exgobernante había condicionado la firma de ese acuerdo al reconocimiento del congreso del MAS de 2023 que le eligió nuevamente presidente de ese partido y «candidato único» para las elecciones de 2025.
El TSE finalmente fijó las elecciones judiciales para el próximo 1 de diciembre, en las que se elegirán a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
