El pleno del Parlamento Europeo condenó este jueves el «intento de golpe de Estado» en Guatemala, y las maniobras del Ministerio Público para invalidar el resultado de las últimas elecciones, a la vez que pidió que el presidente electo, Bernardo Arévalo, fuera vestido el 14 de enero de 2024.
En una resolución aprobada con 432 votos a favor, nueve en contra y 39 abstenciones, el pleno denunció el intento de golpe de Estado sobre la base de «acusaciones infundadas de fraude», indicó en un comunicado la Eurocámara.
Los eurodiputados rechazaron todas las acciones de algunas autoridades del país centroamericano que “conculcan manifiestamente la Constitución guatemalteca, el Estado de derecho, la integridad del proceso electoral y los principios más fundamentales de la democracia, incluida la separación de poderes”.
Además, subrayaron que la misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) en los comicios guatemaltecos estadísticos que fueron transparentes y estuvieron bien organizados, «sin encontrar ningún motivo para alegar fraude».
La resolución parlamentaria insta a las autoridades y en particular a la Corte de Constitucionalidad, a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Supremo Electoral, al Congreso y al presidente del país, Alejandro Giammattei, a tomar medidas para proteger el orden constitucional, y el Estado de derecho, así como a asegurar que se respeta la voluntad de la ciudadanía guatemalteca expresada en las urnas.
Igualmente, la Eurocámara pidió que las personas responsables de la obstrucción democrática rindan cuentas. Para ello, solicitó al Consejo de la UE que adopte sanciones –prohibición de viajar y congelamiento de activos- contra la fiscal general, Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), José Rafael Curruchiche Cacul; el juez Fredy Raúl Orellana; la fiscal de la FECI Leonor Eugenia Morales Lazo, y el secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávila, entre otros.
El Parlamento Europeo acusa a estas personas de socavar el proceso electoral e instrumentalizar sistemáticamente la Justicia para debilitar el Estado de derecho y criminalizar a la oposición.
Finalmente, la Eurocámara mostró su preocupación por la detención arbitraria de fiscales, jueces, antiguos funcionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y periodistas independientes como José Rubén Zamora. En ese contexto, instó a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente, así como la desestimación de todas las acusaciones penales infundadas.
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