Un nuevo escándalo relacionado con el narcotráfico salpica al Gobierno colombiano, luego de que un medio difundiera que la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, habría pagado en 1997 una fianza de 150.000 dólares para que le retirarán los cargos por tráfico de heroína hacia EE.UU., a su hermano, Bernardo Ramírez Blanco. Un grupo de senadores ha pedido su renuncia.
La investigación, publicada por La Nueva Prensa, devela que hace 23 años el hermano de Ramírez fue arrestado y condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel en EE.UU. por traficar con el opioide. La vicepresidenta, por su parte, ha emitido un comunicado donde ha desmentido que haya pagado una fianza y ha afirmado que el «error» de su familiar «ha costado muchos años de sufrimiento» a su entorno.
La información ha sorprendido a los colombianos debido a que la actual vicepresidenta, en la campaña electoral para las presidenciales de 2018, no se refirió a la detención de su hermano en Miami, mientras recibía el cargamento de dos «mulas» contratadas por él, procedentes de Aruba, según la acusación y la sentencia judicial condenatoria.
Las razones de la vicepresidenta
Ramírez en su comunicado ha negado que haya pagado una fianza y ha expresado que su esposo y ella firmaron una garantía «para asegurar que (su hermano) se presentaría a la Justicia». Según su versión, su pareja y ella lo llevaron a una corte de Florida para que «reconociera su falta» y «respondiera por ella».
La vicepresidenta afirmó que su familiar cumplió la condena y «hace 18 años quedó en libertad». «Desde entonces ha estado dedicado a trabajar, es un hombre de bien, y junto a su familia lleva una vida decente y honrada».
Finalmente, ha asegurado que ha dado «cabal información» sobre esos hechos a las personas de su ámbito laboral y ha catalogado la difusión de estos hechos como parte de «ataques» para desacreditarla.
Las reacciones
Las redes en Colombia se vieron sacudidas por la publicación y por las reacciones tanto de apoyo como de quienes piden la renuncia a su cargo de la vicepresidenta y defienden la tesis de supuestos vínculos entre el narcotráfico y el Gobierno de ese país.
El presidente colombiano, y compañero de fórmula electoral de Ramírez, Iván Duque, manifestó su apoyo a su vicepresidenta y aseguró que «pretender enlodar a una mujer digna y valerosa por la conducta de un familiar es un acto de vileza y difamación».
Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe, fundador del partido derechista Centro Democrático, al que pertenece Ramírez y con investigaciones abiertas por espionaje militar masivo, fraude procesal y manipulación de testigos, ha dado un espaldarazo a la alta funcionaria en un trino.
Entre quienes rechazan la información se encuentra el excandidato presidencial izquierdista Gustavo Petro, quien pidió durante una intervención en la plenaria del Senado que Ramírez abandonara su cargo. «Solicito su renuncia por no haber dado a conocer a la sociedad colombiana que había, quizás con buenas intenciones, participado en la liberación de un narcotraficante», aseveró.
Por su parte, el senador Roy Barreras, quien meses atrás acusó al exministro de Defensa, Guillermo Botero, de haberle ocultado al país la muerte de menores de edad tras un bombardeo, escribió en su cuenta de Twitter que Ramírez «no tiene la culpa de que su hermano sea narco» pero que las élites «legitiman el narcotráfico».
A esta petición de dimisión se suma el senador colombiano Iván Cepeda Castro, quien afirma que la vicepresidenta ha perdido la credibilidad. Además, ha recordado la investigación abierta por la Fiscalía colombiana por la presunta compra de votos durante la campaña presidencial de Duque, que fue develada por el fallecido narcotraficante José Guillermo Hernández, alias ‘Ñeñe’.
Este no es el primer escándalo de narcotráfico donde se ve envuelto el Gobierno del país suramericano. En abril de este año, el embajador de Colombia en Uruguay renunció a su cargo luego de que se hallaran tres laboratorios de procesamiento de cocaína en una finca de su propiedad en Guasca, a 50 kilómetros de Bogotá.
