El gobierno convocó este miércoles a un nuevo diálogo en la capital panameña para buscar salidas a las protestas que desde la semana pasada sacuden al país centroamericano en contra del alto costo de los combustibles y de los alimentos, que no se apaciguaron a pesar de las medidas anunciadas por el Ejecutivo para mitigar los aumentos.
La Presidencia indicó en un comunicado que la Iglesia católica se ofreció como facilitadora de las negociaciones, que tendrían lugar el jueves y a las fueron llamados los dirigentes de los gremios, movimientos y organizaciones obreras y sociales que impulsan las mayores protestas antigubernamentales de los últimos años en Panamá.
Los cierres y marchas mantienen bloqueados varios tramos de la carretera internacional Panamericana y calles en todo el país.
Los constantes bloqueos en la carretera Interamericana, que cruza el país y lo conecta con Centroamérica, así como de otras vías del interior han impedido que lleguen a la capital muchos alimentos y ya comienza a sentirse el desabastecimiento de algunos.
Yoris Morales, presidente de la Asociación de Comerciantes de Merca Panamá, afirmó al diario La Prensa que “hay un desabastecimiento de todos los vegetales” en esta central de abastos de la capital panameña: “La situación es crítica. El área mayorista se ha quedado sin mercancía”.
El llamado del Gobierno no fue respondido de inmediato por los dirigentes de las protestas, que iniciaron la semana pasada gremios de maestros y profesores con una huelga y a las que se sumaron indígenas y los obreros de la industria de la construcción, que pararon la actividad el miércoles, entre otros sectores laborales y sociales.
Las primeras negociaciones entre los dirigentes de los gremios descontentos y representantes del Gobierno en una provincia del centro del país no dieron resultados y no se habían reactivado desde inicio de semana.
Temprano miles de obreros de la construcción marcharon hasta una plaza del centro aledaña a la Asamblea Nacional, donde quemaron llantas y basura. Posteriormente, llegó otra numerosa movilización liderada por los maestros después de pasar por una popular y movida zona de almacenes y tiendas de todo tipo que no han dejado de operar.
El poderoso sindicato de la construcción Suntracs inició una huelga de “advertencia de 24 horas” que alcanzó un seguimiento del 96%, aseguró su secretario general, Saúl Méndez, que reiteró que exigen una bajada del precio de los medicamentos, de los alimentos y del combustible, y un aumento general de salarios, entre otros.
A medida que transcurren las jornadas de protestas más grupos del sector de la salud pública e indígenas emergen con sus diferentes exigencias, que van desde mejores condiciones de trabajo en los hospitales a mayor dotación de equipos médicos y mejores salarios. Líderes indígenas del este de la capital, en tanto, exigen una rápida intervención del Gobierno en áreas por las que por años han reclamado la titulación de tierras y en rechazo a la invasión y tala en sus territorios.
La víspera el gobierno del presidente Laurentino Cortizo ordenó el control de precios de al menos 10 productos de la canasta básica de alimentos y medidas de “austeridad” en el Ejecutivo, que se sumaron a un congelamiento temporal de los precios de los combustibles.
Entre las medidas se registró una reducción del 10% en la planilla estatal -unas 20.000 personas- y la suspensión de los aumentos salariales, medida esta última de la que también informó el Parlamento, que prometió además parar nuevas contrataciones así como una reducción del 50% en el gasto del combustible, entre otros.
Austeridad, criticó Méndez, “es bajar los salarios de ministros, diputados, magistrados e incluso comisionados de policía”.
“El tema concreto es que se atiendan las necesidades fundamentales del pueblo, es decir, esa contención del gasto que hemos mencionado, si se asume, es correcta, pero hay que resolver los problemas como bajar la luz, los precios de los alimentos, medicamentos, combustible y un aumento general de salarios”, añadió.
El Gobierno, en su convocatoria al diálogo, insistió que factores externos -incluida la guerra de Rusia y Ucrania- están incidiendo “directamente” en el tema de los combustibles y los alimentos, y llamó a encontrar soluciones “viables y factibles”.
Pero las medidas no han calmado las protestas sociales en el país de más de cuatro millones de habitantes y con una de las economías de servicios más estables de la región.
El descontento también apunta contra los escándalos de corrupción, el despilfarro en las arcas del Estado y la desigualdad histórica en la nación, según los expertos.
