El gobierno de Daniel Ortega cerró de forma arbitraria otras dos universidades nicaragüenses alegando supuestas irregularidades, como lo ha venido haciendo desde hace meses con la ilegalización de partidos políticos y con la anulación de más de 3.000 ONG críticas a su gestión.
Las instituciones afectadas por la medida son la Universidad Panamericana de Nicaragua (UPAN) y la Universidad del Pacífico (UNIP), ambas de carácter privado y registradas como asociaciones, que se unen a las diez universidades canceladas desde 2022. En lo que va de año, al menos tres universidades han sido disueltas por el régimen Ortega-Murillo, según información del diario La Prensa.
De acuerdo con un comunicado publicado en La Gaceta, diario de propaganda utilizado por la dictadura de Daniel Ortega, entre las irregularidades que se nombran para justificar la retirada del permiso a la UPAN destaca que no cuenta con la infraestructura necesaria para impartir su oferta académica y que no tiene autorización para ofrecer carreras en el exterior, entre otras.
Sobre la UNIP, el diario oficialista subraya que la institución “no cumple con los mínimos relativos a investigación científica, docentes contratados a tiempo completo y estructura institucional”. Asimismo, tampoco cuenta, al igual que la UPAN, con autorización para ofrecer carreras en el exterior, entre otras supuestas irregularidades.
“La Asociación Universidad del Pacífico (UNIP) ha obviado información relativa a la realización de actividades académicas y de titulación en el extranjero, otorgando títulos académicos, lo cual atenta contra el sentido de integridad y el rigor académico al que están obligadas las instituciones de educación superior”, reza el texto.
Las universidades fueron uno de los focos de protestas en 2018, cuando miles de personas se manifestaron contra el régimen de Ortega en unas movilizaciones sin precedentes, por lo que en círculos opositores se entiende como otra medida represiva más por parte de las autoridades.
La dictadura sandinista ha retirado la personalidad jurídica de numerosas ONG y organizaciones de la sociedad civil alegando supuestas irregularidades de tipo administrativo. Una de las últimas medidas afectó al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal representación de la patronal empresarial en el país centroamericano, que fue cancelado por los tribunales serviles al régimen.
“Esto es parte de un plan del gobierno de Daniel Ortega para extender su control político sobre las universidades”, dijo a The Associated Press el catedrático Ernesto Medina, ex rector de la Universidad Americana (UAM), al referirse al cierre de la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), anunciado la semana pasada.
Según Medina, que abandonó el país hace más de un año tras recibir amenazas por parte del propio régimen, la medida revela “un componente ideológico y de venganza política”, dado que las universidades fueron el foco principal de la revuelta social de 2018, encabezada inicialmente por estudiantes.
La represión de esas protestas dejó al menos 355 muertos, más de 2.000 heridos y unos 100.000 exiliados, según organismos de derechos humanos.
“Daniel Ortega nunca les va a perdonar a los jóvenes y a las universidades que hayan sido los protagonistas de la rebelión” en la que se demandaba la renuncia del ex guerrillero, afirmó.
Ortega ha acusado a los empresarios y a la Iglesia católica de participar en un “fallido golpe de Estado”, como califica a las protestas de 2018, mientras mantiene en prisión al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años de cárcel el mes pasado.
