Nicolas Sarkozy se ha convertido este lunes en el primer expresidente de la V República, el régimen presidencialista francés fundado en 1958, en sentarse físicamente en el banquillo de los acusados en un juicio penal. Su antecesor y mentor, Jacques Chirac, fue juzgado y condenado en 2011 por malversación de fondos públicos, pero no asistió al proceso por problemas de salud. Sarkozy, retirado de la política, pero influyente en la derecha francesa, también es el primer presidente juzgado por corrupción. Si es condenado, afronta una pena de hasta 10 años de prisión y un millón de euros de multa.
La imagen de un presidente sentado como acusado no es habitual y despertó una enorme expectación en Francia. La primera sesión, sin embargo, ha sido breve: el juicio ha quedado suspendido hasta el jueves. Uno de los acusados junto a Sarkozy, el magistrado jubilado Gilbert Azibert, que según la acusación fue corrompido por el expresidente y su abogado, no ha asistido a la audiencia. Sus abogados han alegado su salud frágil para pedir un aplazamiento y no exponerlo al riesgo del coronavirus. El tribunal ha pedido un examen médico. Cuando se conozcan los resultados, se decidirá si continuar o aplazar el juicio.
Sarkozy, junto a su abogado Thierry Herzog y el magistrado Azibert, está acusado de corrupción y tráfico de influencias en el llamado caso de las escuchas o caso Paul Bismuth. En 2014, durante una investigación por supuesta financiación ilegal de su primera campaña presidencial con dinero libio, los jueces pincharon un teléfono portátil del expresidente y su abogado registrado bajo el nombre de Bismuth. Lo que descubrieron fue lo que da pie al juicio que acaba de empezar: el intento de conseguir del magistrado Azibert, y a cambio de favores, información sobre un tercer caso judicial que afectaba a Sarkozy.
El caso de las escuchas es uno más en una serie de asuntos en los que Sarkozy se encuentra bajo la lupa de la Justicia. En marzo debe celebrarse el juicio por el llamado caso Bygmalion sobre los gastos de la campaña electoral de 2012. Y está imputado por la supuesta financiación de la campaña electoral que le llevó al poder en 2007 con dinero de la Libia de Muamar el Gadafi.
El reciente cambio de versión de uno de los principales testimonios, el del franco-libanés Ziad Takieddine, que decía haber llevado maletines de dinero a Sarkozy cuando este era ministro del Interior, ha dado esperanzas al expresidente y reforzado su idea según la cual existe una conspiración judicial contra él.
El caso de las escuchas empezó cuando, a finales de 2013 y principios de 2014, los jueces del caso sobre el dinero libio descubrieron que Sarkozy y Herzog, al sospechar que estaban sometidos a escuchas, habían decidido comunicarse por medio de un teléfono de pago del ficticio Paul Bismuth (nombre de un antiguo compañero de pupitre de Herzog). Las conversaciones que interesaron a los investigadores, sin embargo, no versaban sobre Libia sino sobre otra cuestión.
El expresidente y el abogado querían presuntamente informarse sobre un recurso que habían planteado ante la Corte de Casación. El recurso pretendía evitar que se usasen para otras investigaciones las agendas presidenciales incautadas en el marco de otra investigación, el caso Bettencourt, en la que el expresidente fue imputado y después exonerado. De las conversaciones, se deduce que Sarkozy ofreció a Azibert, abogado general en la Corte de Casación, influir para que obtuviese un cargo en el Consejo de Estado del Principado de Mónaco a cambio de informaciones sobre el recurso relacionado con las agendas.
