El gobierno de Estados Unidos terminó de revisar los documentos hallados en la vivienda del ex presidente Donald Trump en Florida y halló en ellos “un grupo limitado de materiales que podrían contener información reservada entre un abogado y su cliente”, según notificaciones judiciales presentadas este lunes.
El Departamento de Justicia entregó la notificación después de que el fin de semana una jueza indicó que se inclinaba a favor de aceptar el pedido del equipo de Trump de designar a un intermediario que supervise la revisión de los documentos recuperados el pasado 8 de agosto en el registro de la mansión de Mar-a-Lago, y para garantizar que queden apartados los que estén cubiertos por la confidencialidad entre un abogado y su cliente.
Al revelar que había concluido la revisión de los documentos, el departamento parece estar señalando que ya no sería necesaria la designación de un intermediario.
El departamento había designado a un equipo especializado para excluir cualquier documento que tenga comunicaciones reservadas con abogados, y el lunes indicó que había concluido su revisión de ese material antes de la orden de la jueza.
La jueza Aileen Cannon indicó que tenía la “intención preliminar” de designar a un intermediario, pero que le daría al Departamento de Justicia una oportunidad de responder, y programó una audiencia para el jueves para hablar más del asunto.
La jueza también le ordenó al departamento entregar bajo sello una descripción más detallada de los materiales que fueron confiscados de Mar-a-Lago, y el departamento dijo el lunes que lo haría.
La directora de la inteligencia estadounidense, Avril Haines, había enviado una carta a un grupo de legisladores para informarles de que su oficina llevaría a cabo “una evaluación” de los riesgos para la seguridad de Estados Unidos que podrían haber resultado de la divulgación de los documentos que tenía Trump en su mansión de Florida.
Según Político, Reuters y CNN, Haines mandó la carta el pasado vienes y estaba dirigida a la presidenta del comité de Supervisión del Gobierno de la Cámara de Representantes, Carolyn Maloney, y al presidente del comité de inteligencia de esa cámara, Adam Schiff.
En un comunicado, Maloney y Schiff aplaudieron la decisión de la inteligencia de EEUU de abrir una investigación para evaluar posibles daños a la seguridad del país y pidieron que las pesquisas se desarrollen rápido. Hasta ahora se desconoce por qué el ex mandatario tenía en Mar-a-Lago (Florida) esos documentos y quién tuvo acceso a su contenido.
La información que ha hecho pública el Departamento de Justicia hasta ahora muestran que Trump y su entorno podrían estar siendo investigados por tres delitos: obstrucción a la justicia, destrucción de documentos y violación de la ley de espionaje, que acarrean penas de cárcel.
“No hice nada malo. Básicamente hemos sido atacados, fuimos allanados. Abrieron las cajas fuertes, llevaron a muchos, muchos agentes del FBI, todo justo antes de las elecciones de medio mandato” de noviembre, publicó Trump en su red, Truth Social.
Trump subrayó que la declaración jurada hecha pública está “muy editada” y sin ninguna mención sobre armamento “nuclear” y tachó por ello lo sucedido de “subterfugio total de relaciones públicas por parte del FBI y del Departamento de Justicia”.
Agentes del FBI allanaron la propiedad Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, el 8 de agosto, incautando cajas que contenían una gran cantidad de documentos altamente clasificados que Trump no había devuelto al gobierno a pesar de múltiples solicitudes y una orden para hacerlo.
