Los diputados mexicanos rechazaron el domingo la polémica reforma eléctrica propuesta por el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, al no alcanzarse los dos tercios necesarios.
La reforma defendida por López Obrador buscaba dar mayor poder a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y hubiera limitado al 46 % la participación del sector privado en la generación de electricidad, lo que era rechazado por las empresas privadas.
Con 275 votos a favor, 223 en contra y 0 abstenciones, tras más de ocho horas de discusión el pleno del Congreso rechazó en lo general la iniciativa de López Obrador.
En el pleno el partido gobernante necesitaba mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los legisladores presentes, por lo que se requerían al menos 332 votos favorables que finalmente no se alcanzaron.
La reforma eléctrica no era bien vista por los opositores partidos PAN PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, ni por el sector privado nacional y extranjero, quienes expresaron de manera pública su inconformidad con este polémico e hipotético dictamen.
Igualmente, el gobierno de Estados Unidos reiteró en varias ocasiones su preocupación por las consecuencias de la aprobación de la reforma propuesta por López Obrador.
La oposición criticó que la iniciativa llevaría a un aumento de las emisiones de gases contaminantes y a un encarecimiento de la electricidad.
Esta fue la primera vez que se rechaza una iniciativa propuesta por el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los opositores habían anticipado que la reforma no pasaría por afectar a la competitividad y la economía de las familias.
López Obrador reiteró este domingo que contaba ya con su plan B en caso de que su propuesta no fuera aprobada por el pleno. «Ya lo dije en mi informe del martes: pase lo que pase ya estamos blindados contra la traición. Mañana lo vuelvo a explicar», escribió en su cuenta oficial de Twitter.
Se espera que este lunes sea entregada una nueva propuesta, que fue firmada por el presidente López Obrador, la cual es una Reforma a la Ley Minera, a fin de que el litio sea explotado solo por el Estado y no por privados.
