La Cámara de Diputados de Chile presentó este sábado una denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI) después de que un centenar de parlamentarios recibieran una amenaza anónima en sus correos institucionales en la que se detallan sus datos personales.
En el mensaje intimidatorio se les reprocha su labor como legisladores y se les sindica de estar imponiendo un nuevo proceso constituyente tras el rechazo a la nueva Carta Magna en el plebiscito del pasado 4 de septiembre. No obstante, en los correos electrónicos se menciona a cada parlamentario con las direcciones de sus domicilios personales, situación que puso en alerta la Cámara, según indicó el diario La Tercera.
«Nosotros la hemos rechazado y no estamos dispuestos a que gente como ustedes nos imponga un nuevo proceso constituyente, y mucho menos que metan sus sucias manos introduciendo reformas en nuestra actual Constitución», indica el mensaje anónimo. «Han demostrado ser traidores e incompetentes. No han sido capaces de legislar para el pueblo e intentan justificar su inoperancia mediante procesos constituyentes», añade.
«El Congreso nos pertenece. No continúen usándolo para su propio beneficio. Si debemos visitarles en sus casas para explicarles esto y ver si lo entienden, también tenemos derecho a hacerlo. Esperando que lo hayan comprendido de una buena vez, y comiencen a respetar a sus soberanos, les envío saludos», concluye el texto.
El secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, interpuso una denuncia ante la Brigada Investigadora de Cibercrimen de la PDI, con el objeto de identificar a los presuntos autores de esta amenaza. «Yo lo encuentro de una gravedad absoluta, porque no solamente se publican datos que son personales, como el domicilio, sino que además en el mismo texto se señala que están dispuestos a visitarlos en sus casas», precisó.
«Esta amenaza en ningún caso nos atemoriza y en ningún caso nos saca del compromiso que tenemos para construir un nuevo acuerdo para generar un nuevo proceso constituyente, y darle a Chile una nueva Constitución en democracia», acotó Landeros.
En nuestro país el mined utiliza una plataforma, Siges, donde sin sutorización de nadie obliga a las instituciones educativas a ingresar datos personales, familiares, sociales, etc. Violando el derecho a la intimidad.