El fiscal principal del Departamento de Justicia de EE.UU. que supervisa los delitos electorales, Richard Pilger, abandonó su cargo el pasado 9 de noviembre, según escribió en un correo electrónico interno filtrado a medios estadounidenses.
Esta renuncia se produjo horas después de que el procurador general de EE.UU., William Barr, autorizó a los fiscales federales de su país a examinar alegaciones sobre irregularidades en las presidenciales del 3 de noviembre antes de que los estados certifiquen los resultados de esa votación.
Pilger, fiscal de carrera en la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia, aseguró que se vio obligado a tomar esa decisión tras conocer los detalles de «la nueva política» de Barr «y sus ramificaciones».
Este representante del ministerio público estadounidense detalló que la nueva medida abroga «la política de 40 años de no injerencia para las investigaciones de fraude en las boletas electorales en un periodo anterior a que las elecciones se certifiquen y no impugnen».
Richard Pilger también indicó que planea pasar a un puesto no supervisor relacionado con juicios por corrupción, aunque no aclaró si permanecerá en el mismo departamento.
Barr esbozó este cambio de política en un memorando con el que autorizó a los fiscales federales a investigar «denuncias sustanciales de irregularidades en la votación y la tabulación de votos» que pudieran sugerir un fraude electoral durante los últimos comicios.
El fiscal general de EE.UU. especificó que las investigaciones se podrán llevar a cabo solo si hay «alegaciones claras y aparentemente creíbles de irregularidades que, de ser ciertas, pudieran potencialmente afectar el resultado de una elección federal en un estado individual» e instó a no dar curso a denuncias «engañosas, especulativas, fantasiosas o descabellados».
¿Qué dice la ley?
Las directrices electorales del Departamento de Justicia de EE.UU. prohíben a los fiscales federales tomar medidas abiertas (interrogaciones a testigos o solicitación de citaciones para documentos) para lanzar una investigación criminal sobre cualquier asunto relacionado con las elecciones hasta después de que se hayan certificado los resultados de la votación.
El objetivo de esas normas es evitar que se conozca la existencia de una investigación e influya en los votantes o en los funcionarios electorales que deben garantizar la integridad de los resultados.
Por otro lado, los fiscales federales pueden investigar el caso de modo encubierto o mediante otras medidas secretas, que requieren el permiso del fiscal de carrera de la División Criminal: el diario The New York Times señala que la orden de William Barr permite a los procuradores pasar por alto a ese fiscal de carrera y llevarle sus solicitudes solo para ser aprobadas.
Un representante del Departamento de Justicia al que entrevistó ese periódico reveló que Barr había autorizado examinar las denuncias de los republicanos sobre votantes no elegibles en el estado de Nevada y sobre votos por correo antedatados en Pensilvania, mientras que el propio medio señala que ninguna de las alegaciones fue respaldada por pruebas.
Parece que la democracia de EEUU no le envidia a ninguna de centroamerica y lo que pasa ahora lo demuestra no creen?
Tanto a la nueva Fiscal como a Barr los terminará despidiendo. Lo mismo que ha hecho en el pasado.
Entonces, ¿Sera ilegal, la disposicion del Secretario de Justicia, William Barr ? Usted que opina?…