Un operativo policial realizado en Guayaquil y Durán, en la costa ecuatoriana, permitió el decomiso de tres drones con tecnología de punta que pertenecían a una red de narcotráfico, según informó la Policía del Ecuador. Los aparatos servirían para ingresar cocaína y armas a la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más violenta del país.
“(Los drones) iban a ser enviados a esta causa (ingresar armas y droga a la cárcel) pero gracias a la intervención de la Policía Nacional hemos evitado que se pongan en funcionamiento”, dijo Darwin Sangoquiza, jefe de Antinarcóticos en Guayaquil.
Desde el último fin de semana, Ecuador enfrenta una nueva ola de violencia en las calles y en las cárceles. Los incidentes suscitados en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, dejaron como saldo 31 reos asesinados luego del enfrentamiento entre las bandas Los Lobos y Los Tiguerones, según sustentó el gobierno nacional en el decreto emitido por el presidente Guillermo Lasso para declarar en Estado de Excepción a todo el sistema carcelario.
“La actual ruptura de acuerdos entre los grupos de delincuencia organizada Lobos y Tiguerones, ha generado la intención de tomar posesión de forma unilateral en diferentes ciudades del país, ocasionando un ambiente de hostilidad entre estos dos grupos, lo cual ha desatado un enfrentamiento armado, siendo punto de inicio el Centro de Privación de Libertad Guayas No 1. (Penitenciaría)”, se lee en el documento que es de dominio público.
Los agentes de la Unidad de Antinarcóticos de la Policía emprendieron el operativo que permitió el decomiso de los drones y la retención de cinco sujetos, entre 26 y 34 años, quienes serían parte de una red de narcotráfico que también estaría relacionada con delitos como la tenencia ilegal de armas y la tentativa de asesinato a policías. Uno de los detenidos es un guía penitenciario de la provincia de Los Ríos, quien esta semana debía presentarse a laborar en la Penitenciaría del Litoral.
Los drones retenidos están valorados en USD 15.000 cada uno, además tienen una capacidad de vuelo de 5 kilómetros y pueden transportar cargas de hasta cinco kilos. La Policía también incautó 161 paquetes de cocaína, cuatro alimentadoras, un fusil, varias municiones y teléfonos celulares.
Esta semana, la policía también detuvo a seis personas, incluyendo a dos marinos en servicio activo de la Armada del Ecuador, quienes estarían vinculados a una red de delincuencia organizada para el tráfico de drogas. De acuerdo con la Fiscalía, los sospechosos participaban en el acopio de droga en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas. Los estupefacientes ingresaban al país por Colombia. Entre los elementos incautados están USD 60.000 en efectivo, celulares y documentos. Un juez ya dictó la prisión para los marinos, mientras que la institución militar ha asegurado que continúan depurando sus filas.
Desde el 22 de julio, los ecuatorianos han presenciado varios hechos violentos, incluyendo el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, uno de los alcaldes más populares del país. A esto se suma la nueva masacre carcelaria. Según la Policía, que logró intervenir junto con las Fuerzas Armadas la Penitenciaría luego de tres días de enfrentamientos, al interior de la cárcel se encontraron 29 piezas anatómicas, es decir que, nuevamente, varios presos fueron asesinados y desmembrados.
Como parte de los amotinamientos en las prisiones hubo una huelga de hambre en 13 cárceles del país y los presos retuvieron a 137 guías carcelarios. Actualmente, tanto la huelga como las retenciones han cesado.
La tarde del martes 25 de julio, en Esmeraldas, al norte del país, se reportaron amenazas de bomba en gasolineras estatales, vehículos incinerados y balaceras. La Policía y los militares lograron retener a sospechosos y también sacos de material explosivo. Lo mismo sucedió en Guayaquil, donde nueve autobuses fueron incinerados y donde se registraron desmanes al sur de la ciudad.
Desde el lunes, tres jurisdicciones de Ecuador: las provincias de Manabí y Los Ríos, así como el cantón Durán, están bajo Estado de Excepción, según decretó Guillermo Lasso. En estas zonas se ha registrado el incremento de homicidios en más del 50 % durante este año.
