Los resultados del balotaje de las elecciones presidenciales de Ecuador dan como vencedor al rico heredero Daniel Noboa, de 35 años, candidato de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN).
Según los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), con 90,56 % de las actas procesadas válidas, Noboa alcanza 52,30 % de los votos (4.871.138; mientras Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), consigue 47,70 % (4.442.114).
Noboa se convierte así en el presidente más joven del país, después de Juan José Flores, el primer mandatario de la República del Ecuador, en 1830, que asumió el cargo antes de cumplir los 30 años.
Además, consiguió el cargo que su padre, Álvaro Noboa, buscó en cinco oportunidades (1998, 2002, 2006, 2009 y 2013) sin éxito.
Noboa fue respaldado en este proceso por la alianza ADN, que está integrada por los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia (PID, de Arturo Moreno, primo del exmandatario Lenín Moreno) y Mover, lo que antes era Alianza PAIS.
Estos comicios presidenciales extraordinarios fueron convocados luego de que el mandatario del país suramericano, Guillermo Lasso, decretara muerte cruzada y disolviera a la Asamblea Nacional en mayo pasado.
Al tratarse de comicios anticipados, Noboa gobernará solo hasta mayo de 2025, para culminar el período que comenzó Lasso en 2021.
Perfil
Daniel Roy-Gilchrist Noboa Azín, con 35 años, tiene la edad mínima para candidatearse a presidente. Nació el 30 de noviembre de 1987 en Guayaquil. Estudió Administración de Negocios en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (NYU Stern School of Business), también obtuvo el titulo de Administración Publica en Harvard Kennedy School y tiene la maestría de Gobernanza y Comunicación Política por la Universidad George Washington.
Actualmente está casado con Lavinia Valbonesi y tiene dos hijos. Su padre, Alvarito —como se le conoce en el país—, es considerado una de las personas más ricas de Ecuador (con una fortuna que supera la barrera de los 1.000 millones de dólares) y está al frente de su corporación homónima, que incluye negocios de banano, transporte marítimo, bienes raíces, entre otros.
En la compañía familiar, el ahora aspirante presidencial ocupó el puesto de Director Naviero, siendo el más joven en ese cargo en la historia de la firma. Después, fue Director Comercial hasta junio del 2018.
En la política incursionó en 2021, cuando fue electo asambleísta por la provincia de Santa Elena, ocupando el puesto de presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Estuvo en ese cargo público hasta mayo pasado, cuando Lasso disolvió al Parlamento.
Recientemente, el medio brasileño Folha de Sao Paulo reveló que Noboa controla al menos dos empresas ‘offshore’ —Lanfranco Holdings S.A. y Festil Investments S.A.— en Panamá, país que es considerado por Ecuador como un «paraíso fiscal», de acuerdo con el listado sobre este asunto del Servicio de Rentas Internas (SRI).
De acuerdo con la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular, también conocida como la Ley del Pacto Ético, que se aprobó tras una consulta popular en 2017, en el país suramericano se prohíbe a los candidatos a cargos públicos de elección popular «ser propietarios directos o indirectos de bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales».
Asimismo, 21 organizaciones de Ecuador denunciaron que el candidato presidencial ha evadido impuestos en el país suramericano.
Según la denuncia, que se basa en información del SRI, de 2009 a 2013 Noboa no hizo declaraciones al Impuesto a la Renta, pero en ese período pagó 33.578,32 dólares por Impuesto a la Salida de Divisas (ISD); mientras que de 2014 a 2023 tiene un «modesto» pago de ese tributo, pero en ese lapso «sorprendentemente» pagó 88.491,39 dólares en ISD.
«Es decir, en 14 años —como consta en el SRI— el candidato Noboa ha pagado en ISD un total de 122.069,71 dólares. ¿Cuánto dinero sacó al exterior? Transfirió a sus cuentas del extranjero un aproximado de 2,1 millones de dólares», cuestionan las organizaciones, que consideran que «hay un claro caso de evasión».
