El cerco callejero de un grupo de activistas al expresidente Carlos D. Mesa, el candidato opositor mejor ubicado en las encuestas, es una evidencia del aumento de la presión ciudadana para que los ocho partidos contrarios a Evo Morales apuren medidas que frenen su candidatura presidencial o presenten una candidatura única.
En la puerta del Comité pro Santa Cruz, la institución que encabezó el año pasado dos paros contra la habilitación del presidente de Bolivia, un grupo de ciudadanos, que se presume tienen afinidad a otro candidato opositor, impidió la circulación del vehículo que debía llevar a Mesa al aeropuerto Viru Viru y lo interpeló con gritos de «traidor a la unidad» y «opositor funcional» al partido de Gobierno.
Mientras en las oficinas de la entidad cívica cruceña se terminaba de elaborar un documento de unidad de los opositores para defender el resultado del referéndum contrario a una nueva postulación de Morales, en la calle el candidato de Comunidad Ciudadana tuvo que salir de su motorizado para explicar a quienes lo cercaron que apoya la unidad opositora y que exigirá la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, de ser posible con movilizaciones callejeras.
«No renunciarán», le cuestionaron los activistas, que llevaban banderas con el sello del 21-F (la fecha del referéndum de 2016). «Usted es el culpable de electoralizar al país», le reprocharon. Sectores ciudadanos consideran que algunos candidatos opositores entraron al juego electoral del Gobierno y dejaron en segundo plano la lucha por la inhabilitación de Evo Morales.
Mientras el malestar ciudadano crece por la intención de los principales candidatos opositores de competir cada uno con el presidente y por los ataques entre ellos, el dirigente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, logró reunir por segunda vez a cinco de los ocho candidatos opositores presidenciales y a dos vicepresidenciales.
Estuvieron ausentes el presidenciable cruceño Oscar Ortiz y el ex presidente Jaime Paz, que también aspira a la jefatura de Estado. En el encuentro, convocado para insistir con la defensa del resultado del referéndum del 21-F, también estuvieron casi una decena de dirigentes cívicos de las regiones del país, además del líder del Consejo Nacional de la Democracia (Conalde), Waldo Albarracín, y representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.
Afuera de la reunión estuvieron dirigentes de diversas plataformas ciudadanas, que se movilizan desde el año pasado contra la postulación de Evo Morales. Se supo que entregaron propuestas para que sean debatidas e incorporadas en el nuevo documento de unidad de la oposición.
Pese a algunas ausencias, las deliberaciones de este último viernes en el Comité pro Santa Cruz estuvieron marcadas por un clima de cierto respeto entre sus participantes, a pesar de las tensiones en la calle entre los ciudadanos y algunos candidatos.
El encuentro duró más de ocho horas y resultó algo tedioso por las intervenciones marcadas por un clima ya proselitista, sobre todo de algunos representantes partidistas, según un cívico que presenció parte de la larga reunión. «Nosotros solo pedimos seguir con la lucha del 21-F. No planteamos que alguno de los candidatos opositores decline su candidatura, porque todos tienen derecho a participar en las elecciones», remarcó la fuente cívica.
Sobre el incidente en el que estuvieron envueltos Mesa y algunos ciudadanos, el presidente cívico Luis Fernando Camacho aclaró que solo fue «un malentendido», ya que el ex presidente pidió irse antes de que termine la reunión. «La gente pensó otra cosa, pero estamos todos unidos», aseguró el líder de los cívicos.
La decisión más relevante del encuentro es el ultimátum hasta el 31 de mayo para la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Si no ocurre, habrá movilizaciones de protesta, advirtió Camacho, en el marco de la resolución de unidad firmada la tarde del viernes.
Movilizaciones y acciones ante CIDH
Mientras los candidatos de la oposición intensifican sus campañas, sin el foco ya en el 21-F y sin la intención de apoyar una candidatura única, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, retornó de Colombia, donde pidió al presidente de ese país, Iván Duque, que realice una consulta a la CIDH sobre la legalidad de la candidatura de Evo Morales. Para eso se apoyó en medio millón de firmas de ciudadanos, que también fueron entregadas hace unos días por Camacho al canciller de Brasil.
Ambos gobiernos fueron garantes de la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, por lo que los cívicos decidieron presentarles su pedido de consulta a la CIDH. El gobierno de Evo Morales pidió en las últimas horas evitar la injerencia del gobierno colombiano en asuntos internos y sentenció que el Tribunal Constitucional de Justicia ya habilitó al presidente boliviano.
Algunos analistas consideran que el pronunciamiento de la CIDH puede durar años, aunque si se considera un problema urgente se puede apurar para antes de las elecciones que se realizan en Bolivia dentro de cinco meses.
Hace una semana el secretario de la OEA, Luis Almagro, llegó al país y proclamó su apoyo a la habilitación de Evo Morales, lo que generó un gran malestar y decepción en los opositores al Gobierno.
O SEA, QUE PARA ESTOS OPOSITORES BOLIVIANOS SOLO LO QUE ELLOS QUIEREN ESTÁ BIÉN. SI EVO GANA UN REFERENDÚM POR LAS BUENAS COMO HAN SIDO TODOS SUS GANES, PARA ESOS MEDIOCRES OPOSITORES ESTÁ MAL PORQUE GANÓ EL CONTRARIO: MEDIOCRES!