El máximo tribunal del Reino Unido analizaba este martes si la decisión del primer ministro Boris Johnson de suspender las labores parlamentarias hasta dos semanas antes del Brexit fue legal, después que dos tribunales inferiores dictaran a favor y en contra de este postulado.
Si al término de este nuevo episodio en la caótica saga del Brexit, la Corte Suprema de Justicia declarase que la suspensión es ilegal, el Parlamento debería, según los expertos, volver a ser convocado de inmediato.
«El tribunal que revisará los casos relacionados con Brexit estará formado por 11 jueces», anunció una portavoz judicial.
La corte prevé un máximo de tres días para estos casos, por lo que su decisión podría conocerse el jueves. O los jueces podrían darse el fin de semana para reflexionar.
Las dos cámaras del Parlamento británico vieron sus labores suspendidas el pasado martes, al término de un debate largo y acalorado sobre la salida de la Unión Europea, y no deben reanudarlas hasta el 14 de octubre, dos semanas antes de la fecha prevista del Brexit.
Johnson justificó su petición de suspensión a la reina Isabel II por la necesidad de elaborar y presentar su programa de política nacional, una práctica habitual cuando hay cambio de gobierno.
Sin embargo, los opositores a un Brexit sin acuerdo la denunciaron como una estrategia para maniatarlos.
La tradicional ceremonia de suspensión fue boicoteada por la inmensa mayoría de los Lores en señal de protesta, mientras algunos diputados gritaban «¡vergüenza, vergüenza!» tras haber denunciado un «ultraje constitucional».
Un día después, un tribunal de apelaciones escocés les dio la razón. Por unanimidad, sus tres jueces consideraron que la medida tuvo «como objetivo obstaculizar al Parlamento» y la declararon «ilegal», invalidando la sentencia de una corte inferior interpelada por 78 diputados proeuropeos de varios partidos.
Pero, en otro caso separado, presentado por la conocida empresaria y activista antibrexit Gina Miller con el apoyo de varios pesos pesados políticos, entre ellos el ex primer ministro conservador John Major, una corte de Londres dictó lo contrario.
Sus jueces consideraron que la decisión de suspender el Parlamento y el consejo dado por Johnson a Isabel II son de «naturaleza intrínsecamente política» y «no existen normas legales con que juzgar su legitimidad».
El controvertido primer ministro tuvo que asegurar «absolutamente» a los periodistas que no mintió a la jefa de Estado sobre sus motivos para mandar a diputados y lores a casa durante cinco semanas, mucho más tiempo de lo habitual.
Una tercera demanda judicial, presentada en Irlanda del Norte, también se saldó la semana pasada a favor del ejecutivo, pero no fue recurrida.
«No abandonaremos la lucha por la democracia», afirmó por su parte Miller, quien en 2017 ganó una batalla jurídica clave sobre el Brexit contra el gobierno de Theresa May.
Acuerdo en punto muerto
En un intento por evitar un Brexit sin acuerdo, el Parlamento aprobó de urgencia, antes de su suspensión, una ley que obliga al primer ministro a pedir una nueva prórroga del Brexit si el 19 de octubre no ha logrado un acuerdo aceptable con Bruselas.
Tras el referéndum de 2016, en el que 52% de británicos votó a favor de abandonar la UE, el país debía salir del bloque el pasado marzo, pero ante el reiterado rechazo de los diputados al acuerdo negociado por May el Brexit fue aplazado dos veces y ahora tiene fecha de salida para el 31 de octubre.
ohnson afirmó que respetará la nueva legislación, pero también aseguró que bajo ningún concepto pedirá otro nuevo plazo, lo que le deja con pocas opciones: dimitir, encontrar una brecha legal para realizar un Brexit sin acuerdo o alcanzar rápidamente un trato con Bruselas.
El gobierno británico afirma realizar «enormes avances» en sus contactos con la UE y el lunes anunció una intensificación de las reuniones, que pasarán a ser diarias y tendrán lugar a nivel político, directamente entre su ministro del Brexit, Stephen Barclay, y el negociador jefe europeo, Michel Barnier.
Pero la Comisión Europea afirma que Londres no presentó ninguna propuesta viable, a un mes de la cumbre europea del 17 y 18 de octubre, que debería decidir sobre la cuestión.
