La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala ordenó este martes liberar a la exfiscal antimafias Virginia Laparra , sentenciada en diciembre de 2022 a cuatro años de prisión por abuso de autoridad en un polémico juicio criticado por la comunidad internacional .
Que «cese la prisión preventiva que guarda la procesada», señaló la Cámara Penal de la CSJ en una resolución divulgada por la prensa local y confirmada a la agencia AFP por los abogados de Laparra. La decisión se basó al considerar que ésta ya cumplió casi la mitad de la pena impuesta.
El ente ordenó al Tribunal que la condenó el 16 de diciembre de 2022 a acatar el fallo en un plazo de cinco días a favor de la exfiscal, de 43 años, que había sido detenida el 23 de febrero de 2022.
Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en la ciudad occidental de Quetzaltenango, fue condenada a cuatro años de prisión conmutables por abuso de autoridad por haber denunciado a un juez por faltas administrativas sin poseer esa atribución.
El caso fue cuestionado por Estados Unidos, la Unión Europea y varias organizaciones internacionales de derechos humanos .
Aunque la condena es conmutable y podía evitar la cárcel con el pago de una fianza, esto sólo podía hacerlo cuando la sentencia quedara en firme.
Laparra tiene que enfrentar un segundo juicio en Quetzaltenango por presunta revelación de información confidencial, pero no hay una fecha de inicio porque la Fiscalía intenta reemplazar al juez a cargo del caso que en julio le concedió arresto domiciliario a la exfiscal. A pesar de esa orden, Laparra siguió en una prisión dentro de un cuartel capitalino por las acciones pendientes del juicio por el que fue condenada.
La detención de Laparra ocurrió en medio de una ola de arrestos de exfiscales que investigan sonados casos de corrupción en el país. La cruzada contra ellos la emprendió el Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras, sancionada en 2021 por Estados Unidos, que la inclusión en un listado de actores «corruptos» y «antidemocráticos» de Centroamérica.
Ahora, la Fiscalía guatemalteca es señalada por Washington de «socavar» la democracia por una investigación de supuestas ilegalidades en las elecciones y acciones judiciales contra el presidente electo, el opositor Bernardo Arévalo. Las actuaciones de Porras son vistas como un intento para evitar que Arévalo, de 65 años, asuma el poder el 14 de enero de 2024.
