Cientos de personas se agolparon este jueves en diferentes puntos de la capital guatemalteca convocadas por organizaciones sociales, en medio de una huelga contra la corrupción, el alto costo de vida y la defensa de derechos como la libre expresión y manifestación.
En los alrededores de la única universidad pública, la Universidad de San Carlos de Guatemala, estudiantes, trabajadores y profesores se reunieron para luego partir en una marcha hacia el centro histórico y sede del poder político, Ejecutivo y Judicial.
Los manifestantes rechazan los presuntos actos de corrupción de la administración del presidente Alejandro Giammattei y que, alegan, no son investigados por la fiscal general Consuelo Porras, que mantiene una amistad con el mandatario.
Daniel Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina (CUC), dijo a la agencia AP que el alto costo de vida “significa un aumento del hambre de los pobres”.
“La corrupción al final se concreta en el robo del dinero del pueblo y los que pagan impuestos son los pobres y la clase media, porque los ricos no contribuyen equitativamente al país”, agregó.
Enrique Saquic, autoridad ancestral de Santa Lucía Utatlán, manifestó que los indígenas participan de la protesta en representación de sus pueblos: “Nos están ahorcando, nuestros hermanos, nuestros pueblos son los que están sufriendo todo este alto costo de la vida”.
Squic indicó que la cooptación del sistema de justicia desde la fiscalía hasta el más alto tribunal, la Corte de Constitucionalidad, ha dejado indefensos a los guatemaltecos.
Porras ha sido señalada y sancionada por el gobierno de Estados Unidos por obstaculizar la lucha contra la corrupción y socavar la democracia.
Un contingente de soldados con equipos antidisturbios fue captado entrando a un lugar cercano a la casa presidencial. Rubén Tellez, vocero del ejército, confirmó que “es un movimiento preventivo normal” cuando se anuncian manifestaciones.
Los manifestantes han denunciado que el Congreso pretende aprobar una ley que le da el poder a policías y militares para usar sus armas para disolver las protestas.
Defensores de derechos humanos han denunciado que se busca criminalizar la protesta. En los primeros meses de 2022 la fiscalía dirigida por Porras llevó ante la justicia a tres personas que se manifestaron contra el gobierno en 2020 tras acusarlas de daños al patrimonio. Fueron liberadas posteriormente ante la falta de evidencia en su contra.
Diversos gobiernos y entidades -entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch- han manifestado su alarma por el debilitamiento del estado de derecho en Guatemala, especialmente por el exilio al que se han visto forzados funcionarios de justicia perseguidos por su labor en la lucha contra la corrupción.
Más de 20 funcionarios judiciales se exiliaron tras denunciar una persecución por parte de la Fiscalía General.
El Gobierno también es acusado de perseguir a la prensa crítica. El juez guatemalteco Fredy Orellana decidió el martes vincular a proceso judicial por tres delitos al reconocido periodista José Rubén Zamora Marroquín, uno de los principales críticos del Gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
Orellana, a cargo del juzgado Séptimo penal del Organismo Judicial guatemalteco, dio por válidas las pruebas del Ministerio Público (MP, Fiscalía) contra Zamora Marroquín y decidió que el periodista encare un proceso judicial por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias.
Zamora Marroquín, presidente del matutino El Periódico, fue detenido el pasado 29 de julio en su residencia después de un allanamiento de casi ocho horas y desde entonces ha mantenido su inocencia en todo momento.
Así huele en nuestro país tantas promesas incumplidas la misma corrupción.