Los altos índices de pobreza en Nicaragua, sumados al impacto que ha tenido el nuevo coronavirus en el país, impulsó a un grupo de 21 científicos de América Latina a realizar un informe en el que brindan una serie recomendaciones al gobierno del presidente Daniel Ortega con el fin de mitigar los estragos que pueda ocasionar un posible rebrote en la región.
Entre las recomendaciones están: fortalecer la respuesta de Nicaragua por medio de un plan de mitigación a profundidad que aborde la vigilancia, detección, respuesta y control de brotes.
Resaltan además la importancia de realizar pruebas a gran escala para mantener vigilancia epidemiológica sobre los casos de COVID-19. Hasta el momento las pruebas se encuentran centralizadas por el Ministerio de Salud y únicamente están disponibles para personas que presentan cuadros clínicos severos.
“Las pruebas son cruciales para la investigación epidemiológica y para desarrollar un tratamiento médico adecuado. Por lo tanto, la vigilancia epidemiológica debe incluir pruebas a gran escala en grandes poblaciones urbanas y pruebas de trabajadores esenciales”, sugieren los científicos.
Indican también que es imperativo que el público nicaragüense esté informado sobre el verdadero alcance de la pandemia, algo que no se pudo percibir en comunidades rurales e indígenas que se vieron impactadas durante los meses de abril y mayo, en los que hubo un repunte contagios.
“La información objetiva es vital para prevenir y limitar la propagación y los efectos del COVID-19. Cuando el sector salud logra dar a conocer medidas preventivas, como el lavado de manos y el distanciamiento social, estas quedan arraigadas profundamente en la conciencia pública”, advirtieron los médicos.
Priorizar localidades con población vulnerable
La socióloga Daisy George, originaria de la Costa Caribe de Nicaragua, explicó a la Voz de América que aunque la situación en algunas zonas hubiese sido más catastrófica, particularmente en donde vive, “la gente recurrió a su medicina ancestral y eso ayudo muchísimo”.
De hecho, un reportaje en las zonas indígenas del Caribe de Nicaragua reveló la desinformación entre los lugareños y la forma en que los ciudadanos implementaron sus propias medidas ante la ausencia de un plan del Estado.
Los científicos también recomendaron brindar una atención especial a personas y comunidades vulnerables, pues hay muestra que muchas muertes relacionadas con la COVID-19 se han vinculado con los ancianos y otros grupos sensibles.
El doctor Jorge Huete, miembro de la Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN), y uno de los firmantes de dicho documento, destaca que independientemente de que el gobierno de Ortega tenga o no en cuenta las recomendaciones de los expertos, la ciudadanía debe tomar acciones por su cuenta para protegerse.
“Planteamos que debería de construirse un plan ciudadano y consiste en que independientemente el gobierno tome o no las recomendaciones, las ciudadanía debería tener un plan. De haber ese plan la ciudadanía podría, mitigar la propagacion del virus”, señala Huete.
El doctor advierte que Nicaragua, el país más pobre de Centroamérica, debe prepararse para que el sistema sanitario no colapse como ocurrió durante el inicio de la pandemia.
Los científicos sugieren que los trabajadores sanitarios deben someterse frecuentemente a pruebas de diagnóstico de COVID-19 debido a su alto riesgo de exposición.
“Las pruebas deben aplicarse con regularidad a los trabajadores de la salud, para mitigar el agotamiento de la fuerza laboral, reducir la propagación del virus y proteger la fuerza laboral. Aunque las pruebas sistemáticas requieren suficientes capacidades de laboratorio, que pueden no estar disponibles en todos los hospitales, las pruebas podrían priorizarse en hospitales de alto riesgo e implementarse utilizando métodos de diagnóstico alternativos”, sugieren los expertos.
El Ministerio de Salud (Minsa) de Nicaragua informó esta semana que hay un descenso paulatino de la curva de contagios y que se han recuperado en el país 3.978 pacientes de COVID-19. Pese a las quejas de organismos internacionales sobre la falta de transparencia en las cifras y la información sobre el comportamiento de la pandemia, el gobierno mantiene que hasta esta semana se habían contagiado 5.652 personas y 153 han muerto por esta causa.
Sin embargo, hasta el 30 de septiembre, el independiente Observatorio Ciudadano, integrado por médicos de Nicaragua, contabiliza 2.610 muertes, que relaciona con COVID-19. Estas muertes se reportan en 17 departamentos y regiones autónomas.
El mismo Observatorio contabiliza que 810 trabajadoras y trabajadores de salud han presentado síntomas asociados al COVID-19 en todos los departamentos o regiones autónomas del país.
