La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de Perú de excarcelar al expresidente Alberto Fujimori generó este martes protestas de manifestantes en Lima, el rechazo de los familiares de las víctimas de las matanzas por las que fue condenado a 25 años de prisión, y airadas críticas de organizaciones de derechos humanos.
«Como familiares de víctimas estamos condenados a vivir diciembres entre la angustia, la rabia y el sentimiento de ciudadanos de segunda. Nuestros derechos por debajo de la libertad indebida de un delincuente», expresó Gisela Ortiz, hermana de uno de los 10 estudiantes desaparecidos en la Universidad La Cantuta en 1992.
La desaparición de los estudiantes y un profesor de La Cantuta, y la matanza de 15 personas en Barrios Altos en 1991, son los dos casos de abusos de derechos humanos por los cuales Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel.
El pasado viernes, un juzgado de la región sureña de Ica declaró improcedente una primera resolución del Constitucional que restablecía el indulto de Fujimori y devolvió el caso al TC.
Juristas y activistas de derechos humanos consideran que la sentencia desafía a las organizaciones internacionales que han pedido justicia para las víctimas de la violencia de Estado.
«Esto es muy grave para el Estado de derecho, tendrá consecuencias jurídicas internacionales», dijo Carlos Rivera, abogado del no gubernamental Instituto de Defensa Legal, al referirse a la excarcelación de Fujimori que podría concretarse el miércoles.
La organización feminista Manuela Ramos expresó, en tanto, que Fujimori es «una persona que jamás ha pedido perdón por los crímenes contra la humanidad, ni ha reparado a las víctimas».
Por su parte, la asesora de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Jo Marie Burt, reiteró su rechazo «a la liberación de Alberto Fujimori sin que haya cumplido las condiciones elaboradas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)».
«De liberarlo, el Estado del Perú incumpliría con sus obligaciones internacionales de manera flagrante», remarcó.
En tanto, la legisladora izquierdista Ruth Luque indicó que los magistrados del TC que firmaron la liberación del ex gobernante (Francisco Morales, Luz Pacheco y Gustavo Gutiérrez) fueron designados en esos cargos por la mayoría fujimorista en el Congreso. Ahora «les devuelven el favor ordenando la libertad de Alberto Fujimori».
Del otro lado, la parlamentaria de la alianza fujirmorista Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, afirmó que «la humanidad no tiene apellido», en un mensaje compartido en la red social X.
