La Justicia española admitió este miércoles las denuncias de la fiscalía de Barcelona por el denominado caso Negreir’, en el que se investigan supuestos pagos del Barcelona a empresas de un ex responsable arbitral. El juzgado de instrucción número 1 de la ciudad catalana investigará las denuncias presentadas contra el club y sus ex dirigentes, entre ellos los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.
La scusación también se dirige contra José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) y su empresa Dasnil 95, que habría cobrado pagos millonarios por supuestos informes arbitrales. Se trata del siguiente paso en la investigación del caso después que la fiscalía provincial de Barcelona interpusiera una querella por delitos de “corrupción entre particulares en el ámbito deportivo”, “administración desleal” y “falsedad en documento mercantil”.
La jueza ha unido las querellas presentadas por el ministerio público y el árbitro Xavier Estrada Fernández por este caso contra Negreira. Según la querella el ex vicepresidente del CTA entre 1994 y 2018, recibió del Barcelona a través de sus empresas más de 7,3 millones de euros (7,7 millones de dólares) entre 2001 y 2018. El club culé cesó en sus pagos en 2018 justo por la salida de Negreira del organismo, cuando se remodeló el ente con la llegada de Luis Rubiales a la presidencia de la Federación Española (RFEF).
Para el Ministerio Público, el Barça, por medio de Rosell y Bartomeu, “alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial” con Negreira “a fin de que, en su calidad de vicepresidente del CTA y a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club, y así en los resultados de las competiciones”. La denuncia apoya esta afirmación en que las empresas de Negreira “giraron facturas que fueron presentadas al cobro ante el FCB sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real”.
La jueza, que también ha permitido la personación de La Liga como acusación particular, ha encargado la investigación a la guardia civil y una vez que reciba los resultados de la misma, fijará las fechas para tomar declaraciones a los investigados.
