Washington está a punto de convertirse en el primer estado de EE.UU. en el que entre en vigor la llamada ley de composta humana, la cual permitiría transformar un cadáver en dos carretillas de abono orgánico, informaron el lunes de la semana pasada medios locales.
El proyecto de ley, que aspira a promover los «entierros amigables» con el medio ambiente, haría posible que los cuerpos se conviertan en tierra en cuestión de semanas. Ahora debe ser aprobado por el gobernador demócrata Jay Inslee, quien impulsa la lucha contra el cambio climático en su campaña para las elecciones presidenciales de 2020.
De acuerdo con el senador demócrata Jamie Pedersen, de esta manera el proceso de reducción natural orgánica ocupa menos espacio y podría reducir las emisiones de carbono emitidas por la incineración. La composta humana puede generar de media 0,76 metros cúbicos de tierra, lo que equivale a dos carretillas de compost.
El senador del Partido Demócrata precisó que quien opte por esta opción podrá quedarse con la tierra obtenida en una urna, plantar un árbol en una propiedad privada o esparcirla en un terreno público. Pedersen, quien reveló que se inspiró en el proceso utilizado por los granjeros para deshacerse del ganado.
La compañía Recompose ofrece servicios de reducción orgánica natural y podría cobrar 5.500 dólares por cuerpo, precio inferior a los 7.360 dólares que se estima que cuesta un entierro convencional en EE.UU., según datos de la Asociación de Directores de Funerarias Americanas (NFDA, por sus siglas en inglés) en 2017.
De acuerdo con la NFDA, el estado de Washington es el lugar donde se practican más incineraciones de todo el país, ya que en ese mismo año más del 78 % de los muertos fueron incinerados.
La directora de Recompose, Katrina Spade, dice que quiere ofrecer una alternativa significativa y sostenible: «Nuestro objetivo es proporcional algo que esté lo más alineado posible con el ciclo natural». Spade asegura que este procedimiento «no ocupará tanta tierra como un entierro». Si Inslee firma la ley, entrará en vigor a partir de mayo de 2020.
