En EE.UU., Michael Cassidy, excandidato congresista de Misisipi, quien admitió haber destruido el pasado diciembre una estatua del ídolo pagano Bafomet en el Capitolio del estado de Iowa, ha sido acusado esta semana de un delito de odio, informan medios locales.
La estatua formaba parte de una exposición organizada por el Templo Satánico en el marco del evento anual que permite exhibiciones religiosas en el Capitolio estatal durante las fiestas navideñas. La instalación suscitó fuertes críticas de líderes políticos locales y nacionales, principalmente, republicanos.
El 14 de diciembre, pocas semanas después de su inauguración, la pieza central de la exposición, que representaba a la deidad cornuda de Bamofet, fue destruida. Al día siguiente, Cassidy fue acusado de un delito menor por daños en cuarto grado.
El hombre explicó a los medios en ese momento que su acción se debió que su conciencia «estaba cautiva de la palabra de Dios y no de un decreto burocrático», por lo que ahora los fiscales del condado de Polk han elevado el delito a uno más grave.
En un documento hecho público el martes, se acusa a Cassidy de un delito grave de daños en tercer grado y se señala que el acto se cometió «en violación de los derechos individuales» en virtud de la ley de delitos de odio de Iowa. Está previsto que el hombre comparezca ante un juez el próximo 15 de febrero.
Lynn Hicks, portavoz de la Oficina Fiscal del Condado de Polk, detalló en un comunicado que la pruebas «demuestran que el acusado hizo declaraciones a la Policía y al público indicando que destruyó la propiedad por motivos religiosos», lo que incurre en la violación de los derechos individuales y eleva la acusación a un delito grave.
La abogada de Cassidy, Sara Pasquale, se negó a hacer comentarios sobre la nueva acusación. En anteriores audiencias ante el tribunal, acusó al Templo Satánico de hacer presentaciones provocadoras que «solo pretenden evocar emociones fuertes e incitar a otros».
Por su parte, el Templo Satánico aseguró que la elevación del delito «subraya la gravedad del ataque contra el pluralismo religioso y la violación criminal de los derechos individuales», así como representa un «reconocimiento encomiable» que «refuerza la legitimidad» de las posiciones religiosas de la organización «en una sociedad que valora la diversidad de pensamientos y creencias».
