El partido político guatemalteco Movimiento Semilla presentó este 4 de abril un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de dicho país para dejar sin efecto la orden del Tribunal Electoral que negó la inscripción de la exfiscal general Thelma Aldana como candidata presidencial.
El lunes pasado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) negó la participación de Aldana en las elecciones del próximo 16 de junio al admitir recursos de nulidad a su inscripción por denuncias de una compra irregular de un edificio para el Ministerio Público (MP) y de contratación de plazas fantasma, cuando se desempañaba como fiscal general de 2014 a 2018.
La decisión fue adoptada por una mayoría de cuatro magistrados del TSE, con un solo voto a favor de la inscripción, emitido por la magistrada María Eugenia Mijangos.
“Cuatro de los magistrados (del TSE) cedieron a las presiones del sistema de corrupción que tenemos en Guatemala”, señaló Samuel Pérez, secretario general de la agrupación política.
Aldana actualmente se encuentra en El Salvador, donde denunció intentos de asesinato en su contra de “mafias guatemaltecas”.
Su registro inicial como candidata le otorgaba inmunidad, pero la Contraloría indicó posteriormente que el aval que había recibido la exfiscal para inscribir su candidatura ya no tiene validez y que ella puede ser investigada.
De acuerdo con una encuesta publicada este jueves por el diario Prensa Libre, Aldana se encuentra entre las tres aspirantes a la presidencia con mayor intención de voto. Según el sondeo del rotativo, elaborado por la empresa Prodatos, la encuesta la lidera la exprimera dama Sandra Torres (20,7%), seguida por Zury Ríos (15,95), hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt, y luego Aldana (9,5%).
Como fiscal general, Aldana junto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU, desbarataron una estructura que cobraba sobornos a empresarios en las aduanas para evadir impuestos.
El caso involucró como cabecilla al entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), quien se vio obligado a renunciar cuatro meses antes del fin de su mandato y está en prisión preventiva a la espera de ser juzgado.
