Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), las importaciones de armas, municiones y sus partes registraron una caída del 86 % entre 2022 y 2025, pasando de un récord histórico de $15.8 millones en 2022 a aproximadamente $2.1 millones en 2025.Las cifras oficiales revelan que, tras décadas de importaciones relativamente estables, el año 2022 marcó el punto más alto desde que se tienen registros en 1994, con $15.8 millones en compras de armamento. En 2023, el monto se mantuvo elevado en $10 millones. Sin embargo, a partir de 2024 la tendencia se revirtió drásticamente: las importaciones bajaron a $3.2 millones, y en 2025 descendieron aún más, superando una reducción adicional de $2.1 millones.
Esta marcada disminución coincide con los logros alcanzados en materia de seguridad pública. Las autoridades atribuyen la menor necesidad de adquisiciones masivas al éxito del Plan de Control Territorial y las medidas implementadas contra las estructuras criminales, que han permitido reducir significativamente los índices de violencia y recuperar el control del territorio.
Además, el Gobierno ha impulsado la destrucción sistemática de armas y municiones decomisadas a grupos terroristas, evitando que estos elementos regresen al circuito ilegal. Esta estrategia ha contribuido a una estabilización del entorno de seguridad, donde las compras de armamento ahora se limitan a reposición y equipamiento básico de las fuerzas de seguridad.
Analistas destacan que los picos de 2022 y 2023 respondieron a la fase más intensa de confrontación contra las pandillas, mientras que la fuerte caída posterior refleja una nueva realidad: un país con menor amenaza criminal y mayor tranquilidad ciudadana.
La reducción en las importaciones de armas no solo genera ahorro en las finanzas públicas, sino que también simboliza el avance hacia una El Salvador más segura y enfocada en el desarrollo económico y social, dejando atrás las épocas de alta inversión en armamento reactivo.
Con esta tendencia, el país consolida los resultados de su política de seguridad, demostrando que la paz territorial permite redirigir recursos hacia otras prioridades nacionales.
