El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó el inicio de conversaciones fuera del país con el Clan del Golfo, la mayor estructura narcotraficante de la nación, en el marco de su política de Paz Total. El anuncio, realizado el 8 de agosto en Tierralta, Córdoba, ha generado fuertes críticas, especialmente por la decisión de dialogar con un grupo responsable de récords históricos en producción y tráfico de cocaína.
Según Petro, las reuniones cuentan con sustento jurídico en un proyecto de ley que busca el sometimiento de organizaciones criminales a cambio de beneficios legales. Sin embargo, sectores políticos y autoridades locales cuestionan la medida, advirtiendo que podría enviar un mensaje de impunidad a organizaciones delictivas que no tienen un carácter insurgente ni motivaciones políticas.
El gobernador de Antioquia calificó la decisión como “una humillación y una tristeza” para las víctimas, recordando que el Clan del Golfo ha protagonizado múltiples episodios de violencia, desplazamiento y extorsión en el país. Críticos señalan que la política de Paz Total, a tres años de su implementación, presenta resultados fragmentados y pocos avances concretos, lo que incrementa el escepticismo sobre la eficacia de este nuevo proceso.
