Ecuador vivió una de sus jornadas más violentas este 6 de marzo, cuando una masacre en Socio Vivienda 2, en el noroeste de Guayaquil, dejó 22 personas asesinadas en varios ataques armados. Se trata del hecho más sangriento registrado en la ciudad en los últimos años, lo que ha provocado una respuesta contundente de las fuerzas del orden y un respaldo total del gobierno del presidente Daniel Noboa.
Según reportó Primicias, el ataque se produjo aproximadamente a las 15:00 en tres sectores de Nueva Prosperina, siendo Socio Vivienda 2 el epicentro de la masacre. Testigos relataron que al menos 20 hombres fuertemente armados ingresaron desde una zona montañosa y abrieron fuego indiscriminadamente contra sus víctimas, muchas de las cuales intentaron huir sin éxito. La Policía informó que entre los fallecidos hay personas con antecedentes por robo, tráfico de drogas y posesión de armas, y que el ataque respondería a una disputa entre las facciones Igualitos y Fénix de la organización narcoterrorista Los Tiguerones.
Tras estos hechos, las fuerzas de seguridad han desplegado una serie de operativos en Nueva Prosperina con el objetivo de capturar a los responsables y desarticular las estructuras criminales que operan en la zona. En la madrugada del 7 de marzo, la Policía Nacional ejecutó más de 200 allanamientos en Socio Vivienda y La Barraca, logrando la detención de 14 personas, entre ellas dos adolescentes. Según el comandante general de la Policía, Víctor Hugo Zárate, al menos cinco de los detenidos registran antecedentes por tráfico de sustancias, tenencia de armas, robo, homicidio y asociación ilícita.
En los operativos se incautaron siete armas de fuego, ocho alimentadoras, más de 2.000 cartuchos de munición, droga y dos motocicletas. La Policía informó que los aprehendidos estarían vinculados con la facción de Los Tiguerones responsable de almacenar y distribuir armas utilizadas para actividades ilícitas.
El despliegue policial se ha realizado en coordinación con las Fuerzas Armadas, que también han intensificado su presencia en la zona. En un comunicado oficial, el Comando Conjunto de las FF.AA. hizo un llamado a sus efectivos a mantenerse firmes en la lucha contra el crimen organizado y a no permitir que “el miedo se siga sembrando en nuestras calles”. En el documento, las fuerzas militares recalcaron su compromiso de ser la “primera y última línea de defensa contra la oscuridad” y aseguraron que no retrocederán en la defensa del territorio.
El presidente Noboa también reaccionó a la crisis de seguridad y anunció una medida para respaldar a los uniformados que participan en estos operativos. A través de su cuenta de X (antes Twitter), Noboa aseguró que todos los policías y militares que hayan actuado o que sean desplegados en Nueva Prosperina “cuentan desde ya con indulto presidencial”. Con este mensaje, el mandatario busca dar un espaldarazo a las fuerzas del orden y garantizar que puedan actuar sin temor a represalias legales.
“Necesitamos que actúen con determinación y sin temor a represalias. Defiendan al país, yo los defiendo a ustedes”, escribió Noboa en su publicación, que ha generado diversas reacciones en redes sociales y en la opinión pública.
El operativo en Nueva Prosperina se desarrolla en el marco del estado de excepción que rige en Guayas y otras seis provincias del país, una medida implementada por el gobierno de Noboa desde hace dos meses y renovada a inicios de marzo. El objetivo del estado de excepción es permitir la movilización de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, así como aplicar medidas restrictivas como el toque de queda en ciertos horarios.
La Policía ha reforzado su presencia en los barrios más conflictivos de Guayaquil y ha instalado al menos cinco puntos de control en Nueva Prosperina, según declaraciones del comandante de la Zona 8, Pablo Dávila, recogidas por Primicias.
Este hecho ha puesto nuevamente en evidencia la grave crisis de seguridad que enfrenta Ecuador, donde el crimen organizado ha incrementado su influencia y violencia en los últimos años. Guayaquil, al ser un punto estratégico para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa, se ha convertido en el epicentro de estas disputas entre bandas criminales, lo que ha llevado al país a implementar medidas cada vez más drásticas en materia de seguridad.
La masacre de Socio Vivienda y la reacción del gobierno han generado un amplio debate sobre la efectividad de la estrategia de Noboa contra el crimen organizado. Mientras las autoridades aseguran que la militarización es necesaria para recuperar el control de los territorios dominados por bandas delictivas, organismos de Derechos Humanos, como Human Rights Watch, han expresado preocupaciones sobre posibles excesos en el uso de la fuerza y la falta de medidas integrales para atacar el problema desde su raíz.
